El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, que investiga el caso de las facturas falsas de UGT-A ha reclamado a la Junta de Andalucía para que aporte los expedientes de las subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación entre 2009 y 2013 de los que fuera beneficiara la organización sindical.

En una providencia dictada por el juez Juan Jesús Vélez García, el magistrado requiere a la Junta para que aporte esta documentación “a la mayor brevedad” posible y para que “indique la localización física de dichos expedientes”, con la finalidad de que se pueda realizar el correspondiente análisis pericial.

El instructor responde con esta providencia a una petición realizada por el ex tesorero de UGT-A Federico Fresneda, imputado en esta causa, quien pidió la entrega de estos expedientes porque entiende que en los mismo “existía legalmente un tanto por ciento de la cantidad del mismo con un máximo del 20% al que se podían aplicar gastos directos y costes asociados”, en alusión a la orden 13/10/2009, que regula el decreto 335/2009.

La defensa de Fresneda pidió esta documentación para “poder contrastar las facturas que están en los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO), en las cuales por empleados del sindicato y a través de correos electrónicos se había solicitado el cambio del texto a los proveedores con remisión del cargo a estos programas”. La finalidad, continuaba la defensa de este imputado, es comprobar si “están bien aplicadas las correspondientes facturas en las que se modificó el texto para aplicarlas a un programa subvencionado y aclarar si son falsas o no, o si están bien o mal aplicadas” para no crear indefensión al imputado.