Obras Públicas anuncia que recurrirá el auto judicial

Como ya ocurriera en noviembre con la sentencia que declara nulo el proyecto del tranvía, el auto del TSJA que se conoció ayer -a falta de menos de dos meses para las elecciones municipales- y que ordena la paralización de las obras en la calle Real desató toda una tormenta política en torno a esta actuación que desde sus inicios ha estado rodeada de polémica.

El delegado provincial de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, anunció que el auto será recurrido y que, paralelamente, se negociará con los afectados para alcanzar un acuerdo. Y explicó que, hasta ahora, no se había negociado con Joaquín Moreno -el único propietario que no llegó a un acuerdo- a la espera del dictamen correspondiente del jurado provincial de expropiaciones. Sobre la ilegalidad del proyecto, quiso dejar claro que se trata de cuestiones de forma, de "irregularidades procedimentales". Y confió en que no se llegará al extremo de suspender las obras.

Frente a él, el alcalde de La Isla, el andalucista Manuel de Bernardo, mostró su enojo ante una situación que perjudica seriamente a la ciudad -y a su Ayuntamiento- y que la Junta podría haber evitado si se hubiera sentado a negociar con los afectados tras la sentencia de noviembre. El regidor recordó su lealtad hacia Obras Públicas y reclamó una solución rápida y urgente.

Desde el PP, el auto judicial fue valorado como un exponente más de la gestión "incapaz" de la Junta, del PSOE y del PA, según dijo su portavoz, Daniel Nieto. Los socialistas isleños, por su parte, insistieron también en la necesidad de buscar un pacto entre las partes para zanjar un problema que se solucionará con un acuerdo económico, tal y como recordó su secretario general en la localidad, Jaime Armario.