El negocio de las parcelas ilegales en Cádiz se expande en redes sociales: estas son las multas y sanciones por edificar en suelo rústico

La oferta de parcelaciones ilegales vía Facebook están en auge para su compra en municipios como Chiclana, Puerto Real, Vejer, Conil, Barbate y otros tantos con amplias zonas rurales. La vigilancia por parte de las administraciones locales se complica tanto por el incremento de la oferta, los lugares donde se promocionan estas como son los grupos de Facebook), la rapidez con la que se construyen las casas ilegales y la dificultad de un amplio sector de la población para acceder a una vivienda por cauces legales. El precintado de parcelas ilegales sin licencia en suelo rústico que se subdividen para crear 'parcelitas' es una consta cada mes en localidades como Chiclana.

La legislación que da caza a esta forma de obtener una vivienda, la ley LISTA de la Junta de Andalucía, es la que da potestad a los Ayuntamientos para precintar y paralizar las edificaciones. Los casos más extremos acaban con la demolición de casas por erigirse sobre zonas rurales fuera de la ordenación urbanística del municipio. Pese al riesgo que supone, en grupos de Facebook se encuentran ofertas de parcelas ilegales en El Marquesado, una de las áreas rurales donde proliferan más las viviendas ilegales, y otros tantos lugares de la provincia de Cádiz.

En uno de esos anuncios se oferta un terreno de 1.200 metros cuadrados con agua de pozo, ya que esta parte no está dentro de la red de abastecimiento de agua de Chiclana. En la publicación, se ofrecen hasta varias modalidades de compra: la parcela interior por 30.000 euros, la exterior por 35.000 euros o todo completo por 63.000 euros. Este tipo de opciones se mezclan con las publicaciones de empresas de casas prefabricadas que prometen instalar en cuestión de dos horas. Aunque no trasciende el precio, estas compañías prometen que el coste es "por menos de lo que cuesta un coche nuevo" para una casa de unos 36 metros cuadrados. Uno de los principales escollos legales para los compradores de estas parcelas es que no puede realizarse escritura pública de las mismas.

¿Por qué hay más parcelas ilegales en Cádiz?

El plan de Inspección Territorial y Urbanística de la Junta de Andalucía para los años 2023-2026 apunta directamente al coste de la vivienda en las ciudades como motivo de peso para que no paren de crecer las viviendas ilegales. Según reconoce el gobierno autonómico, "se ha detectado un contexto de expansión inmobiliaria y de encarecimiento de la vivienda urbana que ha ocasionado un repunte en la aparición de parcelaciones urbanísticas y de viviendas sin licencia urbanística municipal en suelo rústico".

La ley LISTA prohíbe las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico, aún así la Junta de Andalucía es consciente de las dificultades de municipios pequeños para controlar la expansión de las mismas. Por ello, en el mencionado plan faculta a las diputaciones provinciales a intervenir preventivamente en aquellos pueblos pequeños con demasiado terreno no urbanizable. Sobre todo, este plan de inspección reconoce que los esfuerzos deben centrarse en la prevención, en actuar antes de que se edifique. Un detalle de este documento es que apunta también a las empresas de casas prefabricadas y de instalación de paneles solares. "No se parcela ilegalmente el territorio sin la cooperación de empresas comercializadoras o instaladoras de casas prefabricadas, de compañías que las publicitan en internet, de agentes que ejecutan enganches ilegales e instalaciones de suministros o de otros agentes o profesionales implicados", se reconoce.

En esta orden se marca especialmente la actuación de "la persona propietaria inicial de los terrenos, promotora de los actos ilegales", de quien sube un anuncio de Facebook e incita a la compra de estas propiedades ilegales. Según lo ve la Junta de Andalucía, "debe perseguirse la participación de todos aquellos que, en ejercicio de sus profesiones, cooperen con un acto sin el cual dicha parcelación no se habría efectuado". Las sanciones a estos agentes es uno de los puntos en los que está trabajando actualmente la administración.

¿Cuántas parcelas y viviendas ilegales hay en Cádiz?

La provincia de Cádiz cuenta con numerosos municipios en los que la venta de parcelas o de viviendas ilegales es una constante. Este tipo de compraventa aprovecha redes sociales o portales como Mil Anuncios para la difusión. El año pasado la inspección de la precintó contabilizó 2.149 actuaciones entre parcelas ilegales y edificaciones expedientedas, casi 500 de ellas fueron precintos de terrenos ilegales. Hasta mayo de 2025, la Junta de Andalucía ya había precintado 300 viviendas ilegales en municipios como Arcos, San Roque y La Línea. Muchas de esas viviendas portátiles son fáciles de retirar y volver a instalar, por lo que algunos usuarios acaban reinciciendo. Ante esto, la administración aclara que puede caer al infractor más de 120.000 euros de multa.

Las multas y sanciones por parcelaciones y viviendas ilegales en Cádiz

La Ley Lista contempla como graves las siguientes infracciones:

• La segregación, fraccionamiento, división o parcelación contraria a la ordenación territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio en suelo rústico.
• La realización de obras de infraestructuras, servicios y otras de urbanización, tales como la apertura de viales o la implantación de servicios urbanos en contra de la ordenación territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio.
• Las actuaciones contrarias a la ordenación territorial o urbanística que incidan en la ordenación del territorio que afecten a equipamientos, espacios libres y servicios de interés supralocal; vías de comunicaciones e infraestructuras básicas del sistema de transportes; infraestructuras de interés supralocal para el ciclo del agua, la energía y las telecomunicaciones o actividades económicas de interés supralocal.
• La continuación de obras con incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas en los procedimientos de restablecimiento de la legalidad.
• La demolición, destrucción o alteración de los valores de edificios protegidos por la ordenación territorial.
• Las actuaciones que perjudiquen los espacios o bienes preservados por la ordenación territorial, por la existencia de riesgos o por sus valores naturales o paisajísticos.

Las multas que contempla la administración según el tipo de infracción son las siguientes:

• Las leves, con multa de 600 a 2.999 euros.
• Las graves, con multa de 3.000 a 29.999 euros, salvo que el valor de las obras ejecutadas o de los terrenos afectados o de los daños causados a los bienes protegidos sea superior, en cuyo caso, la multa podrá alcanzar hasta el setenta y cinco por ciento de los valores referidos.
• Las muy graves, con multa de 30.000 a 120.000 euros, salvo que el importe del valor de las obras ejecutadas o de los terrenos afectados o de los daños causados a los bienes protegidos sea superior, en cuyo caso, la multa podrá alcanzar hasta el ciento cincuenta por ciento de dichos valores.

Según el artículo 151, las medidas para adecuar la realidad territorial y urbanística en el caso de hallar una parcela o vivienda ilegal consisten en:

• Prohibición de iniciar o de continuar la acción en curso
• Cese de suministros
• Desmantelamiento de servicios, infraestructuras o instalaciones
• Demolición total o parcial
• Desmonte, reconstrucción y reagrupación de parcelas y de cuantas sean necesarias