El número de viviendas ilegales en Cádiz y cuáles son las multas

Las construcciones de viviendas ilegales en suelo rústico es uno de los problemas urbanísticos principales de la provincia de Cádiz, que ve como siguen proliferando en numerosos municipios. En el último año, se pueden contabilizar cientos de actuaciones de la Junta de Andalucía a la que se unen las de ayuntamientos como el del Chiclana, con precintos y paralizaciones que se vienen intensificando.

En 2024, el balance de la Junta de Andalucía en materia de inspección urbanística y ordenación del territorio cerró con un récord, con 2.149 actuaciones; casi 500 precintos y, sobre todo, el número de parcelas y edificaciones expedientadas por construir ilegalmente, apuntaban desde la Consejería de Fomento. Este 2025, con datos del verano, se hablaba de 142 precintos, además de reasegurar precintos en unas 300 parcelas y edificaciones.

El goteo se ha venido sucendiendo. En mayo, la Junta informaba del precinto de más de 300 parcelas ilegales en Arcos, San Roque y La Línea. Estas intervenciones se han llevado a cabo en el marco del Plan General de Inspección de la Junta de Andalucía 2023-2026 y al amparo del marco normativo generado por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA) y su reglamento, que ha supuesto un refuerzo de la inspección autonómica, que ahora sí puede ejercer competencias directas frente a infracciones de carácter territorial en suelo rústico. Este cambio le permite actuar de manera preventiva y aumentar el número de actuaciones para preservar el territorio. Entre 2022 y 2024 se han precintado 1.239 parcelas y edificaciones ilegales, dato que contrasta con los cero precintos de 2018.

Entre otros datos, hasta 160 expedientes se conocían el año pasado por construcción ilegal en El Palmar de Vejer. En Conil manejan que hay más de 7.000 viviendas en una situación de posible irregularidad. Este mes de abril se paralizaba la construcción de una urbanización ilegal junto a Marismas de Barbate.

En Chiclana, no son pocas las actuaciones de la Delegación municipal de Urbanismo sobre construcciones en suelo rústico, que se dividen en subparcelas. El Ayuntamiento advertía de la venta en redes sociales de parcelas ilegales e iniciaba una campaña informativa.

Así, el número de construcciones ilegales se cuentan por miles, pero no hay una cifra clara sobre el número exacto. Además, ahora se extiende el problema con las viviendas prefabricadas, o incluso las móviles, que complican el control de los inspectores públicos. El último diagnóstico aproximativo del número de viviendas ilegales en suelo rústico en Andalucía lo realizó la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo en el año 2019, calculándose en unas 300.000 en toda la región. Se estima que la provincia cuenta con 45.000 viviendas ilegales y zonas muy afectadas por estas construcciones como pueden ser Chiclana o Conil.

Ya en 2023, la Fiscalía advertía del “importante incremento” en el número de delitos que atañen a las áreas de medio ambiente y urbanismo, con diferentes expedientes adviertos en relación a las zonas de Barbate, Vejer, Zahara de los Atunes, Arcos de la Frontera, Sanlúcar y Jerez, donde se han llevado a cabo diversas parcelaciones.

Multas por construcciones ilegales

Si como resultado de un procedimiento de inspección se constata la comisión de una infracción urbanística, su resolución puede conducir a la adopción de distintas medidas:

• La puesta en conocimiento de otras administraciones competentes.
• La impugnación o requerimiento de revisión de la licencia.
• La suspensión de las obras o actos en ejecución.
• El restablecimiento del orden jurídico perturbado.
• La imposición de sanciones.
• La reposición a su estado originario de la realidad física alterada, incluyendo la demolición de lo edificado.
• Multas y sanciones

En estos últimos años la Consejería de Ordenación del Territorio ha interpuesto multas millonarias por la venta de fraccionada de parcelas en El Palmar, Arcos o La Línea. En caso de que además de la infracción urbanística se detecte el incumplimiento de otras normativas, se da traslado de los hechos tanto al Ayuntamiento que corresponde como a otros órganos o administraciones como la Fiscalía, cuyas competencias se vean afectadas por los mismos.

Las infracciones urbanísticas, según el el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía , contempla multas desde 600 euros hasta 2.999 euros para las leves, multa desde 3.000 euros hasta 5.999 euros para las graves y desde 6.000 euros hasta 120.000 euros para las muy graves.