El 1 de abril de 2009 saltaba la noticia: dos funcionarios del Ayuntamiento de San Fernando eran detenidos acusados de malversación de caudales públicos. Comenzaba entonces un periplo de 12 años en el que las informaciones y los pasos judiciales han sido menos contundentes que el silencio y la falta de respuestas.

Cada año al llegar esta fecha se analiza lo sabido, las incógnitas que permanecen y las novedades judiciales (pocas). En 2020 el estado de alarma, el confinamiento y la vorágine informativa sobre la devastación del covid-19 engulló ese peculiar aniversario. Sin embargo, la pandemia no ha hecho olvidar ese perturbador suceso y por supuesto -a pesar de que el coronavirus sigue condicionando la vida- las dudas, las verdades incompletas y la espera de un juicio para este caso continúan estando muy presentes para los isleños.

Los primeros pasos

Los primeros datos sobre qué estaba pasando y qué había ocurrido apuntaban a la detención de los dos cajeros municipales, y daban una cuantía muy inferior a la que realmente se había sustraído de la caja. Ese primer día se apuntaba a 480.000 euros, una cifra que se puntualizó unos días después en 468.000 euros, y que correspondía a los que faltaba entre enero y marzo de 2009. La investigación y el análisis de las cuentas demostró que sería mucho más el dinero y el tiempo de desfalco. La Policía ya señalaba una jornada después a que el alcance podía ser millonario y no se equivocaba.

Se conocían los nombres de los principales sospechosos, pero en esas primeras horas solo se daban apenas las iniciales que ya fueron identificados con nombres y apellidos el segundo día: Clemente Ruiz y María José Lebrero. A la detención y el registro domiciliario se sumó el registro a la inmobiliaria propiedad de Ruiz. Ambos funcionarios quedan en libertad con cargo el 4 de abril, por la falta de pruebas.

Millones y millones

De ese apenas medio millón se pasó en pocas semanas a la cifra real y un periodo mucho más amplio de sustracción del dinero de la caja municipal: hasta 7,8 millones y desde principios de 2004, confirmaba el gobierno de San Fernando. Las reacciones se sucedieron: críticas de la oposición; el PP, socio de gobierno del Partido Andalucista (PA), supeditando el pacto a la resolución de la trama; la creación de una plataforma ciudadana que exigía responsabilidades políticas... 

Prisión para Clemente Ruiz

El 4 de noviembre de 2009 la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Fernando toma de nuevo declaración a Clemente Ruiz. En esta ocasión, ante el riesgo de fuga y de destrucción de documentos, decreta su ingreso en prisión. Durante más de 20 meses estará en Puerto II. Se le acusa de tres delitos: malversación de caudales públicos, falsedad de documento público y falsedad de documento mercantil.

Sobre él recaerán todas las sospechas y de hecho el auto del 5 de noviembre lo señala como único responsable de las operaciones de caja. Entonces la jueza apunta su alto nivel de vida y su vinculación con el clan marroquí de Mohamed Ali Buselhan (fallecido en 2012). Son datos que con los años se van conociendo. De hecho, la imputación de varios miembros de esta familia ha prolongado la instrucción por las diligencias necesarias. 

El modus operandi

Las hojas de caja que diariamente hacían los funcionarios, más concretamente Clemente Ruiz que las ideó, son una de las claves. El sumario que se conoce el 2 de diciembre de 2009 lo explica. En este documento el cajero anotaba cantidades inferiores a las reales de las operaciones atendidas, según los peritos. También cobraba cheques para pagos cuyo valor inflaba para llevarse la diferencia. Incluso utilizaba datos fiscales sobre el impuesto de plusvalía que usaba para la creación de operaciones falsas en su inmobiliaria.

Sin juicio penal

Han pasado 12 años desde que este caso saltara por los aires, lo que pasó factura a los andalucistas que en las elecciones de 2011 se convirtieron en la tercera fuerza política. Incluso se ha celebrado del juicio contable del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la causa penal sigue sin producirse. La demora lleva años instalada en la crítica, no hay más que recordar que en 2015 el TSJA hablaba de que la lentitud del procedimiento "sonroja". Seis años después sigue igual.