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San Fernando

Una década de preguntas sobre el robo de la Caja Municipal

  • Se cumplen diez años de la detención de Clemente Ruiz y María José Lebrero por el desfalco

Clemente Ruiz (centro), en una imagen de 2011 en las inmediaciones de la Cámara de Cuentas en Sevilla.

Clemente Ruiz (centro), en una imagen de 2011 en las inmediaciones de la Cámara de Cuentas en Sevilla. / Victoria Hidalgo

¿Cómo pudo el Ayuntamiento perder casi 8 millones de euros? ¿Cómo pudieron llevarse en sus propias narices tal cantidad de dinero? ¿Quién lo hizo? ¿Tuvo cómplices? ¿Dónde está el dinero? ¿Nadie tiene responsabilidad de nada en la administración? Ha pasado una década desde que el saqueo sistemático de la Caja Municipal de San Fernando se conocieran por la detención de dos funcionarios del Área de Economía y Hacienda, Clemente Ruiz y María José Lebrero, y los ciudadanos siguen sin respuestas.

En estos años, especialmente los primeros, la investigación policial y los documentos judiciales han intentado despejar algunas de las incógnitas, algunas de forma clara y otra sin dejar muy convencida a la población, estupefacta por que desaparecieran sin que nadie se percatara en torno a 8 millones de euros de las Arcas Municipales. Otras preguntas siguen en el aire, sin saber a ciencia cierta si el cierre de la causa con el tan aguardado juicio permitirá, algún día, cicatrizar la herida abierta en una sociedad desconfiada –no son pocas las ocasiones en las que al hablar de proyectos sin financiación o pendientes se menciona con sorna que con el dinero del robo de la Caja Municipal se hubiera ejecutado sin problema–.

El 1 de abril de 2009 la noticia corrió entre los medios como la pólvora: dos funcionarios de Hacienda, que atendían a ciudadanos y empresarios en la ventanilla de caja del Ayuntamiento habían sido detenidos acusados de un presunto delito de malversación de caudales públicos. Era la reacción a la denuncia interpuesta por el Consistorio al apreciar "graves irregularidades contables". De una cifra inicial de 488.000 euros que abarcaba de enero a marzo de ese año, se mostraba la sospecha de que la sustracción monetaria se hubiera producido en ejercicios anteriores. Poco se podía imaginar entonces que el montante real del desfalco rondaba los 8 millones de euros.

El robo pasó de los 488.000 euros que se barajaron inicialmente a en torno a 7,8 millones

Desde el principio la sociedad isleña observó con estupor los acontecimientos, indignada por que un hecho de estas dimensiones se hubiera producido en el Ayuntamiento. ¿Qué habían hecho los responsables políticos y los funcionarios mientras tanto? Esa es una de las cuestiones que siguen coleando, a pesar de los datos, argumentos, explicaciones o informaciones que en estos años se han dado. La falta de control se antoja, como los propios escritos judiciales indican, como uno de los factores que favorecieron esta acción delictiva.

El Ayuntamiento mantenía por aquella época la entrada directa de efectivo, una caja que atendían los funcionarios Clemente Ruiz y María José Lebrero, en la que los ciudadanos pagaban el impuesto de plusvalías o los empresarios las garantías para la realización de obra municipal. El retraso contable de la Caja Municipal hacía que el saldo contable no casara con el líquido y de eso se valió presuntamente el principal acusado, Ruiz, para sustraer diariamente dinero de las arcas municipales. Según los informes periciales, las hojas de caja eran manipuladas cada día por el funcionario, que anotaba cantidades más bajas a las que realmente había entrado en la jornada. Solo los días en que Lebrero hacía el cierre –apenas unos días– los datos cuadraban.

No solo están imputados los dos funcionarios, también miembros del entorno de Clemente Ruiz, como su mujer y su suegra, y el clan marroquí de los Buselham, amigos de la familia. Precisamente, la acción judicial estaba pendiente de las comisiones rogatorias a Marruecos para tomar declaración a algunos de sus miembros, después de que la Audiencia Nacional estimara hace un año el recurso de la Fiscalía contra la separación de piezas que había decidido la jueza que instruye el caso. También se rechazaba la inclusión de tesorera e interventor en calidad de investigados, lo que descartaba su implicación y una conducta dolosa.

Esas acciones judiciales contestan a algunas de las preguntas que se hacen los isleños –¿quién lo hizo? ¿tuvo cómplices?, ¿nadie tiene responsabilidad?–, que también han sido resueltas en el juicio contable que sí ha avanzado de manera paralela frente a la parálisis del proceso penal.

Otras no tienen respuesta, como la posibilidad de recuperar el dinero para la hacienda municipal; o no se saben con seguridad, como dónde fue a parar el dinero. Diez años después, la gran pregunta es ¿cuándo será el juicio?

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