El Tribunal de Cuentas los considera los responsables directos de la desaparición de más de 7,6 millones de euros de las arcas municipales, cantidad que ahora -acaba de dictar el auto de ejecución de sentencia- les reclama en favor del Ayuntamiento de San Fernando. Aunque Clemente Ruiz García y María José Lebrero de Celis siguen todavía siendo funcionarios municipales. Ayer mismo lo confirmó el Ayuntamiento de San Fernando. Su situación no ha variado en todo este tiempo. Y en abril de 2019 se cumplirán 10 años ya del robo de la caja de efectivo que existía en las oficinas del área de Hacienda. 

Ambos están suspendidos cautelarmente y apartados del ejercicio de sus funciones desde el momento de su detención, el 1 de abril de 2009. Pero, aunque hace una década que no pisan el Ayuntamiento isleño para nada, no han perdido todavía su condición de funcionarios. Siguen formando parte de la plantilla y cobran todos los meses el salario base. En el caso de Lebrero, tal y como reconocía a este periódico en 2012, un total de 717,08 euros.

Ese paso -se concretaba ayer desde el equipo de gobierno- no se dará hasta que concluya el proceso penal, todavía en su fase de instrucción y pendiente de la fecha de juicio, y exista una sentencia firme (en lo penal) que justifique que los expedientes que ambos tienen abiertos desde hace una década culminan con su inhabilitación definitiva, bien porque exista una condena expresa o bien porque se den en la resolución judicial hechos probados que impidan su continuidad como empleados municipales. 

El caso es que la ejecución de la sentencia que el Tribunal de Cuentas se dispone ahora a ejecutar -y por las que se les reclama 7,6 millones de euros y se ordena que se localicen e investiguen sus bienes para responder con su patrimonio- tampoco, por paradójico que resulte, supondrá variación alguna respecto a su condición de funcionarios. La jurisprudencia existente al respecto -afirman desde el Ayuntamiento- aconseja que se actúe así.

Es decir, que hasta que no se resuelva la causa penal se mantendrá la suspensión cautelar de Clemente y María José Lebrero, aun cuando por otro lado se les reclama la cifra millonaria que desapareció escandalosamente de las arcas municipales.

Es más, apuntan, a pesar de que la sentencia del Tribunal de Cuentas es firme desde 2016 y de que el Tribunal Supremo cerró también hace unos meses la puerta a posibles recursos, ambos podrían terminar reclamando al Ayuntamiento una sustanciosa indemnización si salen airosos del juicio penal que todavía tienen por delante.

Claro que la decisión que el Ayuntamiento adoptó en su día -y que posteriores gobiernos municipales han mantenido- toma como base las investigaciones policiales que, desde el primer momento, señalan a estos trabajadores, los que estaban al frente de la caja donde se cobraba y se hacía pagos, como principales sospechosos de la desaparición del dinero. A Clemente, que estuvo casi 20 meses en prisión preventiva, se le ha llegado a relacionar con una trama marroquí dedicada a blanquear el dinero, que es precisamente la cuestión que más dilata los avances en la instrucción de la causa penal. 

Tanto Clemente como María José Lebrero, en los primeros años, insistieron en reclamar su readmisión en el Ayuntamiento de San Fernando alegando a la presunción de inocencia y a la falta de pruebas para ser suspendidos cautelarmente de sus puestos de trabajo. Y fue Lebrero la que más cerca estuvo de conseguirlo. En septiembre de 2012, cuando se cumplían tres años ya desde que el desfalco saliera a la luz, el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Cádiz, a raíz del recurso planteado por la cajera, dejó sin efecto el decreto de Alcaldía que la suspendía de empleo y sueldo y decretaba su incorporación inmediata. Aquello, aunque en su momento dio mucho que hablar, no llegó a prosperar. Lebrero optó por no solicitar su reincorporación al no ser firme la sentencia y el Ayuntamiento presentó con éxito un recurso contra esta resolución. Esta última resolución zanjó también el debate a la espera de los dos procesos, el contable y el penal, que estaban pendientes. 

Otras tentativas de reincorporación 

También Clemente Ruiz había solicitado con anterioridad su reincorporación al Ayuntamiento de San Fernando. En abril de 2010, el juzgado de lo contencioso número cuatro de Cádiz desestimó el recursoque en este sentido había presentado meses antes. Por entonces, Clemente estaba en prisión provisional (estaría hasta julio de 2011, cuando el juez aprobó su excarcelación a la espera de juicio). Más tarde –a comienzos de 2012– el cajero volvió a insistir en su reincorporación al Ayuntamiento. En esta ocasión lo hizo por la vía administrativa, alegando la necesaria presunción de inocencia y la imposibilidad de prorrogar de manera ilimitada en el tiempo una suspensión temporal de su puesto de trabajo. La petición fue denegada por el Ayuntamiento, que alegó que su situación no había variado por lo que consideraba vigente yoportuno el decreto de Alcaldía que lo apartaba de su puesto de trabajo.