Ninguno de los dos funcionarios imputados por el robo millonario de la caja en efectivo de las oficinas locales de Hacienda podrá reincorporarse a la plantilla municipal. No al menos hasta que expire el doble proceso -el penal y el contable- que se mantienen abiertos en torno al desfalco. Su regreso, además, dependerá del resultado de ambas causas, que necesariamente tendría que serles favorable para que pudieran recuperar sus puestos de trabajo en el Ayuntamiento de San Fernando.

Una nueva resolución judicial ha acabado definitivamente con las expectativas que ambos trabajadores tenían de reincorporarse a la plantilla habida cuenta de que no existe una sentencia firme que los condene por la desaparición de casi ocho millones de euros de la caja municipal.

El Ayuntamiento ha ganado una batalla judicial que inició poco después de salir a la luz el robo en las oficinas municipales de Hacienda, al apartar a los funcionarios que estaban al frente del servicio de la caja de efectivo. Fue una decisión inmediata adoptada por el entonces alcalde, Manuel María de Bernardo, que tardó poco en ser recurrida por uno y otro trabajador.

El abril de 2010, el juzgado de lo contencioso número cuatro de Cádiz desestimó el recurso presentado en este sentido por el principal sospechoso, el funcionario Clemente Ruiz, que por entonces estaba ingresado en prisión provisional (estaría hasta julio de 2011, cuando el juez aprobó su excarcelación a la espera de juicio).

Más tarde -a comienzos de 2012- el cajero volvió a insistir en su reincorporación al Ayuntamiento. En esta ocasión lo hizo por la vía administrativa, alegando la necesaria presunción de inocencia y la imposibilidad de prorrogar de manera ilimitada en el tiempo una suspensión temporal de su puesto de trabajo. La petición fue denegada por el Ayuntamiento, que alegó que su situación no había variado por lo que consideraba vigente y oportuno el decreto de Alcaldía que lo apartaba de su puesto de trabajo.

María José Lebrero de Celis, la otra funcionaria imputada, tuvo más suerte con su caso. Aunque tuvo que esperar más. Hasta septiembre de 2013. La resolución, curiosamente, coincidió incluso en el tiempo con la demanda que el Ayuntamiento presentó ante el Tribunal de Cuentas, en el que la considera una de las responsables directas de la desaparición del dinero y, al igual que a su antiguo compañero, le reclama la cuantía total sustraída más los correspondientes intereses: más de nueve millones de euros.

Este fallo del juzgado de lo contencioso número dos de Cádiz dejaba sin efecto el decreto de Alcaldía de 2009 que ordenaba su suspensión de empleo y sueldo y obligaba al Ayuntamiento a readmitir a la cajera de manera inmediata a pesar de que la sentencia no era firme. Fue un duro varapalo para el Consistorio isleño que, no obstante, presentó un recurso de apelación contra la resolución judicial, que ahora, al cabo de nueve meses, le ha dado la razón.

El recurso revoca el fallo judicial y confirma la suspensión de empleo y sueldo de la funcionaria adoptada en su día por el alcalde para apartar a los imputados por el robo del Ayuntamiento. El regidor, José Loaiza, confirmó a este periódico esta resolución de la que se dio cuenta recientemente en la Junta de Gobierno Local.

María José Lebrero -explicó su abogado, Juan Manuel Priego- había evitado solicitar al Ayuntamiento su reincorporación a la plantilla, a pesar de que el fallo contemplaba su ejecución inmediata. Podría haber estado trabajando desde septiembre del año pasado. Sin embargo, no solicitó su regreso al Ayuntamiento, que necesariamente tendría que haberse asumido. Al no tratarse de una resolución firme, prefirió esperar al recurso presentado por el Gobierno local para evitar, precisamente, que pasados unos meses tuviera que ser nuevamente apartada del puesto de trabajo.