Ecologistas en Acción denuncia que el Parque Natural Sierra de Grazalema lleva sin Programa de Uso Público (PUP) desde el año 2003, en que caducó el anterior. También ha caducado el año pasado el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), por lo que este importante espacio se encuentra prácticamente “sin normativa de protección y de regulación del uso público”.

La organización ambiental dice que esta situación emana “de la negligencia -no sabemos si intencionada o no-, de la propia Consejería responsable de la gestión de los espacios naturales que viene obstruyendo la aprobación del PUP del parque natural”. Explica que el anterior PUP fue aprobado el 28 de mayo de 1998, con una vigencia de cinco años. Desde 2003 no hay ningún PUP en vigor. Los dos intentos de aprobar uno nuevo han sido paralizados por la propia consejería. El que se tramitó en 2006 nunca llegó a aprobarse, sin que se haya dado ninguna explicación al respecto. En el que se tramitó en 2020 “ni siquiera tuvimos respuesta a nuestras propuestas, y tampoco se ha aprobado. A las reiteradas peticiones de los representantes ecologistas en la junta rectora del parque natural para que se expliquen las causas de los retrasos del PUP, tampoco hemos tenido respuesta”.

Desde entonces, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul viene aplicando normas de uso público “sin ninguna cobertura legal, algunas veces de forma arbitraria. Así sucede con rutas como la Crestería de la Sierra del Pinar, una de las más emblemática y la de mayor dificultad del parque natural, en la que se exige contar con licencia de la federación de montañismo, lo que es discriminatorio e ilegal”. La organización subraya que ante la inexistencia de PUP, las únicas normas de aplicación para la regulación del uso público en el parque natural son las incluidas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Los ecologistas advierten que “especialmente preocupante es que el PRUG esté caducado, ya que ese plan regula todas las actividades del parque natural: trabajos forestales, agricultura, ganadería, infraestructuras, construcción de viviendas, uso público, investigación. Teniendo en cuenta que la entrada en vigor del PRUG fue el 15 de junio de 2006, y que la vigencia era de ocho años, con una prórroga máxima de otros ocho, caducó el 15 de junio de 2022”.