Ha sido toda una sorpresa. Que la propia Junta de Andalucía vuelva a plantearse el proyecto para la construcción de unos nuevos Juzgados para San Fernando –lo que el consejero, José Antonio Nieto, llamó "la sede judicial definitiva" durante la visita que hizo al Ayuntamiento isleño el pasado lunes– era algo que pocos se esperaban.

Hacía más de 8 años que no se hablaba del tema en La Isla, que tras años de reivindicaciones y demandas había terminado por resignarse con la solución provisional que supuso el alquiler de los nuevos locales que actualmente –y desde 2016– dan cabida a las dependencias judiciales. Una alternativa que, aunque distaba mucho de ser ese nuevo Palacio de Justicia proyectado desde años atrás, permitió dejar atrás las penurias y carencias del edificio de la plaza San José (hoy felizmente reformado y transformado en la escuela de adultos de la localidad).

El consejero de Justicia fue claro tras su entrevista con Cavada. No solo dijo que no se conformaba con esta solución provisional que supone el alquiler de los locales que se reparten entre la calle Real, la avenida de la Marina y Batallones de Marina, sino que insistió en que el objetivo era dotar a La Isla de esos nuevos Juzgados: "Nuestra idea y nuestro objetivo es que en el menor tiempo posible tengamos esa sede definitiva", llegó a decir en las declaraciones que posteriormente hizo a la prensa.

Claro que por el momento no hay plazos sobre la mesa. Ni proyecto, ni licitaciones, ni presupuesto. Por no haber, no hay ni suelo disponible puesto que la parcela de la que se venía hablando para este fin –en la avenida Constitución, junto a la Comisaría de la Policía Nacional– va a ser destinada a la construcción de una piscina después de 17 años de espera.

Porque ese proyecto de los nuevos Juzgados del que ahora vuelve a hablarse en La Isla a raíz del a visita del consejero arrastra un largo pasado que supera de largo los 20 años de recorrido en los que ha llegado a contar incluso con dos parcelas diferentes para su construcción, a las que ahora se sumará una tercera si el diálogo entre la Junta y el Ayuntamiento prospera. Pero nunca ha llegado a materializarse.

Parcela de la avenida Constitución cedida en su día para los nuevos Juzgados, donde ahora se proyecta una piscina.

En el origen de todo están los Juzgados de la plaza San José, la vieja sede judicial, un edificio municipal alquilado por la Junta al Ayuntamiento desde hacía décadas cuyas notables carencias llevaron a una situación insostenible que, a pesar de todo, tuvo que soportarse hasta que en 2015, a la vista de que el proyecto del nuevo Palacio de Justicia seguía enquistado, se optó por la mudanza a otros locales que permitieran mejores condiciones. El traslado se materializó al año siguiente.

Ya en 2001 la Junta buscaba suelo en San Fernando para levantar la nueva sede judicial. Y un año después aceptaba uno de los suelos que el Ayuntamiento isleño le había puesto sobre la mesa: una parcela en la avenida San Juan Bosco, en La Magdalena, justo al lado de la Jefatura de la Policía Local, donde acaba de abrir sus puertas el primero de los aparcamientos tácticos previstos por el Consistorio.

Aparcamiento táctico abierto en mayo en la avenida San Juan Bosco, en parte de la parcela en la que hace 20 años se proyectaban los Juzgados.

Fue la vez en la que estuvo más cerca de llevarse a cabo: había proyecto, presupuesto... Hasta la delegada provincial se atrevió a dar una fecha de inauguración: en 2006. Pero finalmente se dio marcha atrás alegando que el PGOU vigente en esos momentos tenía otro uso para esa parcela (la estación de autobuses, precisamente). Aquello derivó en un estéril enfrentamiento entre ambas administraciones, Junta y Ayuntamiento, al que se quiso dar salida años después con una nueva propuesta realizada en 2006: la parcela de la avenida Constitución.

La Junta aceptó el cambio. Pero no se hizo nada más. Ni siquiera se llegó a licitar la redacción del proyecto. Así que años después, ante las acuciantes necesidades de las dependencias judiciales, no quedó otra que rebajar las pretensiones, meter en un cajón el proyecto del nuevo Palacio de Justicia y dar una solución al problema con el traslado a otros locales en alquiler que estuvieran en condiciones. Y así lleva 7 años.