Las vacantes acumuladas en la plantilla municipal entre el año 2005 y 2017 supera la centena de plazas. En el presupuesto municipal eso sí quedaron reconocidas -y por tanto reservadi su coste- 32 de ellas. Oficialmente, por tanto, el Ayuntamiento cuenta con 400 puestos de trabajo, de los que están ocupados 366, entre funcionarios y personal laboral. Eso da muestra de las carencias importantes que la administración arrastra, en lo que se refiere a sus recursos humanos, según destaca Comisiones Obreras, que refleja estas cuestiones en una nueva actualización del diagnóstico global que ya hizo en 2014, revisó en 2015 y que ha vuelto a situar a 1 de agosto. En ese informe se pone el acento en otra cuestión preocupante, la media de edad de estos trabajadores, de 47,75 años. Como dato significativo la sección sindical de esta central en el Ayuntamiento isleño advierte de que en el sector de más de 60 años hay 44 empleados. "En cinco años se irán", traduce el secretario general de CCOO en el Consistorio, Antonio Jiménez.

"De aquí a 10 años esto va a ser de ruina", insiste Jiménez que echa la vista atrás para mostrar que la situación no ha mejorado. Los dos últimos repuntes en la plantilla municipal, , en cuanto al número de efectivos, en 20 años responden a la asunción del personal de la Gerencia Municipal de Urbanismo en 2011 y de la Fundación de Cultura en 2014, a la integración en definitiva de los trabajadores de los organismos autónomos que se extinguen. Forman parte de los interinos e indefinidos -consideración tal por que su proceso de selección para iniciar su labor en la administración no cumplió con todas las condiciones exigibles- del personal laboral.

CCOO defiende la oportunidad de que se acometan mejoras con la promoción interna

En la actualidad el Ayuntamiento de San Fernando cuenta con 366 empleados públicos, de los que 236 son funcionarios, 130 laborales, a lo que se suman dos trabajadores suspendidos -los dos funcionarios relacionados con el robo de la Caja Municipal-, además de las ya mencionadas plazas vacantes que llegan a 32 según el presupuesto prorrogado. De esa manera, por grupo de titulación hay 4 plazas vacanes del grupo A1 (licenciados); 3 del grupo A2 (diplomados); 9 del grupo AP (certificados de escolaridad), 7 del grupo C1 (bachilleres superiores); y 9 del grupo C2 (graduados escolares). Faltan entre los funcionarios un trabajador social, dos oficiales albañil, un arquitecto o tres administrativos; y un oficial conductor o cuatro porteros conserje, entre los laborales, por ejemplo.

Esos datos se disparan cuando se aplica el recuento de vacantes reales de CCOO (102) de forma que hay 8 vacantes en el grupo A1, 5 en el grupo A2, 42 en el grupo AP, 15 en el grupo C1 y 32 en el grupo C2. Se necesarían, entre otros, 8 oficiales albañil, 12 subalternos, 10 auxiliares administrativo o un analista programador, entre los funcionarios. Ocho peones ordinarios, cinco porteros conserjes, dos gerentes o dos auxiliares de hogar son algunas de las plazas sin ocupar en el caso de los laborales.

En estos años las limitaciones legales para reponer las vacantes han sido evidentes. De hecho la administración local sufre las consecuencias de la conocida tasa de reposición que marca el Estado, esto es el porcentaje de efectivos que una administración puede incorporar en función de las bajas del año anterior. "No se pueden crear plazas y eso mengua la plantilla", comenta Antonio Jiménez, que explica que se trata de un mecanismo para sanear las administraciones porque se van perdiendo plazas por el camino. De esto sólo la Policía Local se libra en parte puesto que desde el año 2008 se considera sector prioritario y han podido incorporar nuevos efectivos.

"Ha habido ofertas de empleo público en 2007, 2008, 2010, 2013 y 2016, de estas últimas aún no se han publicado las bases. La de 2008 y la de 2013 fueron exclusivas de Policía Local, con 13 y 12 incorporaciones. Las de 2010 caducaron al no haberse sacado en tres años, aunque sí se cubrieron las plazas de inspector y de 3 oficiales de la Policía Local", ofrece detalles este representante de Comisiones en el Consistorio. En 2007 fueron todas plazas de administración general (sin Policía Local). Esta situación conlleva el envejecimiento de la plantilla, pero también, deja claro el sindicato, la precarización de los servicios de mantenimiento, y las externalizaciones y la temporalidad de los empleados en servicios estructurales con el nombramiento de interinos. La caducidad de la oferta de empleo público de 2010 supone, además, que no se haya renovado la bolsa de trabajo temporal por lo que rigen las de 2005 y 2007, lo que cuestiona, a su juicio, su validez.

Dadas las limitaciones legales, en cualquier caso, Jiménez expone la apuesta que la sección sindical hace de la promoción interna. Eso no soluciona, si bien, un problema esencial: el envejecimiento de la plantilla municipal.