San Fernando será de nuevo uno de los municipios a los que el Ministerio de Hacienda obligará en 2019 a aplicar un coeficiente de actualización de los valores catastrales, que no se revisan desde 1999. El pasado 29 de septiembre, el Boletín Oficial de Estado (BOE) publicó la orden con la relación de localidades afectadas por esta medida que se contemplará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, entre las que se incluye La Isla. 

Nada nuevo. San Fernando, ciertamente, lleva ya varios años consecutivos siendo objeto de esta actualización, lo que se debe -puntualiza el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, el socialista Conrado Rodríguez- al largo tiempo que hace que no se acomete una revisión del catastro, que de hecho se remonta a la década de los 90. Acometerla, admite, será complicado. Al menos, para el conjunto del municipio isleño. De ahí que la opción más viable sea recurrir a estos coeficientes de actualización que impone Hacienda para nivelar esos valores catastrales desfasados y ajustarse a la realidad.  

La subida prevista ronda el 3%, aunque la cifra todavía no es oficial. El año pasado fue de un 4%. Pero no se preocupen. El gobierno avisa de antemano: no habrá una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI. Al igual que se ha hecho en los últimos ejercicios, la intención del ejecutivo es aplicar una rebaja del tipo impositivo que sea equivalente a dicho incremento de manera que el resultado final no se traduzca en una subida de impuestos para los ciudadanos. El IBI -reitera- se congelará de nuevo para 2019, "de la misma forma que se ha hecho durante los tres últimos ejericicios". 

"Vamos a mantener nuestro compromiso de no subir el IBI", afirma el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, que quiere dejar muy claro el tema antes de que el IBI vuelva a convertirse en un arma arrojadiza en el campo de batalla de la política municipal.

Aplicar una subida del impuesto que más afecta al bolsillo de los ciudadanos, a pocos meses de las elecciones municipales, sería, en todo caso, una arriesgada decisión por parte del equipo de gobierno, que ahora está dando forma a las ordenanzas fiscales que entrarán en vigor el próximo 1 de enero con la intención de llevar su aprobación inicial al pleno de finales de mes.