La modificación de las ordenanzas fiscales para el próximo año recibió ayer -en el pleno extraordinario que se celebró para tratar este asunto como único punto de gestión del orden del día- el respaldo suficiente para que puedan aplicarse a partir del 1 de enero. Su aprobación era necesaria para que se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), paso indispensable para su entrada en vigor en 2018. De esta forma, el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), principal preocupación del gobierno y de la oposición como reflejó la postura de Ciudadanos, quedará congelado a pesar de la revisión al alza de los valores catastrales y gracias a la aprobación, entre otras tasas e impuestos, de la bajada de su tipo impositivo en un 4%.

Esta luz verde se consigue con la abstención de los ediles de Ciudadanos y de la concejala no adscrita, Inmaculada López, que ha hecho que hayan sido suficientes los votos a favor de los socios de gobierno, socialistas y andalucistas. Votaron en contra PP y Sí se puede San Fernando, descontentos, con la propuesta del equipo de gobierno y los escasos cambios que se han producido en estas semanas, con la aceptación de algunas de las alegaciones recibidas en el periodo pertinente abierto tras la aprobación provisional.

Durante la sesión plenaria cada grupo municipal expuso sus argumentos, ya conocidos, sobre estas ordenanzas fiscales. Antes se votó la urgencia del pleno, que muchos lamentaron puesto que se trataba de un asunto que podría haberse atendido con tiempo previo suficiente. Mientras el portavoz municipal, Conrado Rodríguez, recordó que era necesaria su aprobación para que el IBI quedara congelado, el concejal Manuel Raposo ironizó sobre la petición que el equipo de gobierno hizo para que las alegaciones se presentaran antes de que cumpliera el plazo legal. "Lo hicimos el día 15, y el 18 Esisa presenta una alegación", cuestionó. A eso se suma que por correo el pasado martes llegó una alegación presentada por registro en Lebrija que ayer demoró el inicio de la sesión por tener que entregar a los ediles el informe y una addenda sobre esa propuesta.

"Todos los años igual, se trae en el último momento a un pleno extraordinario", se quejó la portavoz de Ciudadanos, Mayte Mas, que se planteó regalar un calendario al gobierno municipal para que tenga en cuenta con tiempo este tema o cuándo finalizan los contratos para no tener que prorrogarlos o mantener los servicios sin ellos.

Desde el gobierno local, Conrado Rodríguez defendió el carácter social y de apoyo a la generación de actividad económica de estas ordenanzas. "Mantenemos un grupo de medidas para mejorar la actividad económica que ya hemos desarrollado en los años anteriores", insistió. En esa línea va la bonificación del 50% del impuesto a la construcción (el ICIO) para obras mayores que permitan el ejercicio de actividad económica en los polígonos industriales de la ciudad (Fadricas I, Fadricas II y Puente de Hierro). También se enmarca en esta idea la bonificación del 95% a las empresas declaradas de interés municipal que estén creadas mayoritariamente por mujeres. Aunque el propósito inicial era rebajar la tasa para el mercadillo de La Magdalena en un 6% se ha aceptado la propuesta de Ciudadanos de que fuera del 15%, algo que además también atiende a las reclamaciones de Sí se puede de que se bajara la cuota.

Entre las cuestiones de ámbito social, el equipo de gobierno incluye la bajaba del tipo impositivo, y por tanto la congelación del IBI, o la bonificación de hasta un 70% del IBI para viviendas sociales de administraciones públicas. "Beneficia a las viviendas de la Junta y del Ayuntamiento, y por tanto a los inquilinos a los que repercute", señaló el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, que también destacó que se mantiene la tasa de recogida de basura y la bolsa social de 50.000 euros para que las personas en exclusión social puedan afrontar el pago de sus facturas de agua o la bonificación para personas con discapacidad por el uso de instalaciones deportivas y culturales. "Esto tiene -dejó claro Rodríguez- un impacto en lo social".

Se han tenido en cuenta algunas cuestiones aportadas por la oposición, como la bonificación progresiva -entre un 10 y un 90%- del IBI para familias numerosas en función del valor catastral de la vivienda. Además se ha aceptado la inclusión de las familias monoparentales con dos hijos como numerosad si tienen el certificado legal. De todas formas, Ciudadanos se mostró descontento por que no se asumiera su rebaja de un 3% del IBI. "El interventor en su informe dice que esto es una decisión política", comentaba Mas señalando la responsabilidad del equipo de gobierno en este rechazo.

A pesar de ello, la formación naranja optó por abstenerse para que las ordenanzas fiscales salieran adelante apelando a su postura de seguir "una política útil, una política al servicio del ciudadano". "Si no lo hiciéramos no se aprobaría y eso repercutiría negativamente en la ciudadanía", apostilló.

Sí se puede optó, sin embargo, por votar en contra al considerar que las ordenanzas fiscales no cumplen con el objetivo que deben marcarse tasas e impuestos: la redistribución de las riquezas. "Si esto no se hace, sirve para otros intereses, pero no para el interés social", reiteró el grupo morado que advierte de que el gobierno de PSOE-Andalucistas no rompe con la política del anterior mandato. "De nuevo trae ordenanzas pero continúa igual que otras veces; no atiende a las críticas de la oposición", se quejó Díaz. Ni IBI progresivo según la renta, ni reducción de la tasa del agua, ni un IBI específico para grandes superficies comerciales... Ninguna de estas medidas que demandaban se han aceptado.

El PP ha lamentado que el gobierno siga sin negociar con la oposición a pesar de estar en minoría y ha criticado que no se haya tenido en cuenta al pequeño comercio, a los empresarios de la ciudad o a asociaciones culturales que presentaron alegaciones. Con los datos que arrojan las cuentas municipales -de superávit de 6,9 millones- se podría, a juicio de Raposo, haber bajado impuestos y tasas. La réplica municipal en este punto ha sido aludir al informe del interventor que recuerda que la bajada de los impuestos es contraria al Plan de Ajustes que tiene vigencia 10 años y que se aplica desde el mandato anterior.