Política grotesca

La política española adquiere cada día con mayor intensidad perfiles que la convierten en un ejercicio que roza lo grotesco. Lo ocurrido en torno al aforamiento en el Parlamento extremeño del líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, la desfachatez con la que el interesado ha manejado el asunto y el silencio cómplice de todas las estructuras de su partido ha convertido este caso en un escándalo que se suma a los varios que cercan al Gobierno de la nación y a su presidente. Como se sabe, Gallardo ha corrido para asegurarse un escaño en la Asamblea regional tan pronto como se supo que el hermano de Pedro Sánchez será procesado por un presunto caso de enchufismo en la Diputación de Badajoz en el que el propio Gallardo está investigado. La maniobra no puede ser más burda: con el escaño, para el que ha tenido que apartar a cinco personas que le precedían en la lista electoral, buscaba su propio aforamiento y quitar la instrucción del caso a los juzgados ordinarios para radicarla en el Tribunal Superior de Extremadura. Una actuación política ya de por sí censurable, pero a la que la actitud de Gallardo ha sumado aspectos que entran en el terreno del ridículo. Desde la excusa pueril de que ha ido al Parlamento porque la voz del líder del PSOE extremeño tenía que escucharse en la Cámara hasta la oferta al Gobierno regional de abrir una negociación para eliminar todos los aforamientos, todo lo que rodea esta maniobra refleja una laxitud ética alarmante. Una vez más, y eso no es nuevo en la política española, se pervierte el sentido de que los cargos políticos tengan un fuero especial y este se convierte en una especie de escudo para defenderse de la acción de la justicia. La democracia española tiene ya suficiente historia acumulada como para plantearse si no habría que dar un giro radical y dejar sin efectos privilegios que casi siempre sirven para ensuciar la política y a los políticos.