EDITORIAL
¿Deriva autoritaria en Estados Unidos?
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La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales ha asignado a Andalucía 418 millones de euros para políticas activas de empleo. Según se ha encargado de airear la Delegación del Gobierno central, es la cantidad más alta transferida a una comunidad autónoma. Pero en la Junta tienen una lectura diametralmente opuesta. Según la Consejería de Empleo, la región es nuevamente discriminada y sometida a agravio por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. De acuerdo con estos cálculos, a cada parado andaluz se dedican 675 euros, una cantidad escandalosamente inferior a los 1.023 de la media nacional, y a Andalucía se asignan el 16,2% de los 2.571 millones destinados al conjunto nacional, por debajo del casi 18% que le correspondería por su cuota poblacional. Nada que sorprenda. El día a día de la política andaluza consiste en que el Gobierno central vende grandes inversiones y realizaciones en Andalucía y la Junta se dedica a denunciar de forma constante los atropellos de todo tipo que sufre la región. Si esto es así a lo largo de toda la legislatura, el comportamiento se exacerba cuando se ven en el horizonte unas elecciones. Y eso es lo que ocurre ya en Andalucía. Vamos a asistir en los próximos meses a una escalada de enfrentamientos entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero y la Junta de Juanma Moreno. Para munición valdrá cualquier cosa, desde los fondos asignados a las políticas activas de empleo hasta las inversiones, la falta de ellas, para arreglar los retrasos ferroviarios o, como empieza a plantearse estos días, la supuesta discriminación para Andalucía oriental en las dotaciones del trasvase Tajo-Segura. Parece que elevar el enfrentamiento entre administraciones es la forma más fácil de mantener la tensión política y la movilización del electorado, aunque para ello se juegue a la confusión y a embarrar todos los días el terreno de juego.
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