Que no se hable de una realidad no significa que no exista. Negar esa realidad o mirar para otro lado no es más que la muestra de muchos casos de hipocresía y doble moral, y eso es lo que ha sucedido históricamente con la interrupción voluntaria del embarazo. Desde 1985, el aborto es legal en nuestro país en los tres supuestos que recoge la ley. Con anterioridad a ese año, la interrupción de un embarazo no deseado dependía de la situación socioeconómica de la mujer, que o tenía que viajar a otro país que lo tuviera legalizado o tenía que realizarlo de forma clandestina. Por lo tanto, no estamos ante circunstancias nuevas. Lo único nuevo es que en este momento se habla, incluso se debate públicamente, sobre el derecho al aborto.

Los datos revelan que el 97% de los abortos que se han hecho en Andalucía se han realizado acogiéndose al tercer supuesto de salud física o psíquica de la gestante, un dato que se hace extensivo a todo el territorio nacional. Y ha llegado el momento de cambiar la ley que pudimos aprobar en el contexto social de los años 80 para así empezar a dar respuestas tanto a las expectativas generadas por las mujeres como por los profesionales y las profesionales de la salud que permiten que se pueda ejercer este derecho.

En este sentido, la actual ley presenta obstáculos, limitaciones y ciertas ambigüedades que han quedado de manifiesto. Por ejemplo, en los últimos meses conocimos la identidad de las mujeres, antes incluso de saber si la intervención realizada entraba en los supuestos legales o no, vulnerando por lo tanto su derecho a la intimidad y poniendo en tela de juicio la labor profesional del personal sanitario. A raíz de todo ello, el pasado mes de julio la ministra de Igualdad anunció la elaboración de un proyecto de decreto para garantizar el derecho de las pacientes a su intimidad y a la confidencialidad de sus datos, así como la seguridad del personal sanitario que las atiende.

Los datos del CIS de julio de 2008 reflejan que el 64% de la población española es partidaria de revisar la normativa actual y evolucionar hacia un modelo de plazos. La ciudadanía ha dejado claro que la interrupción voluntaria del embarazo no deseado es una decisión íntima y personal de la mujer, pese a que los sectores ideológicos más conservadores de este país pretendan generar un conflicto social en torno a un debate que ya quedó resuelto en 1985.

La reforma de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo entraña un debate tan sensible en lo ético y lo ideológico como imprescindible y obligatorio, en la que se habrán de superar todos lo obstáculos identificados en estos años dando una respuesta a la nueva realidad social. Y para ello tendremos que analizar la experiencia de otros países europeos, cuyos modelos nos pueden dar claves para la elaboración de una norma eficaz, garantista e integral.

Una ley para la interrupción voluntaria del embarazo que no aborde sólo los aspectos punitivos, sino también los sociales, económicos y sanitarios, acompañada de medidas educativas y preventivas, donde prime la decisión final de la mujer. Una evolución de la legislación en base a razones de justicia social, de salud pública y de seguridad.

El Gobierno de España es consciente de la necesidad de revisar la normativa actual y, atendiendo a la demanda de la ciudadanía, ha anunciado la reforma de Ley de la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, para lo que ante todo buscará el mayor consenso parlamentario. Ya se han iniciado los trabajos para estudiar si hay que emprender una modificación de la ley y definir cuál tiene que ser su contenido, adaptándolo a las necesidades de nuestro país.

El debate está abierto y espero que el derecho al aborto no se convierta en un arma arrojadiza porque, desde el más absoluto respeto a todas las posturas ideológicas, religiosas o éticas, lo que ha de quedar garantizado es el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones.