Se ha defendido que el origen de nuestra Constitución encajaría bien dentro del concepto de poder constituyente evolutivo que acuña el sociológico Niklas Luhmann. La idea revolucionaria de poder constituyente, como fuerza capaz de crear ex nihilio una nueva ciudad, no sirve ya para describir procesos históricos dinámicos e impuros, donde la relación del derecho con la historia y con el propio futuro es necesariamente compleja. Lo cierto es que, si atendemos a la forma territorial del Estado, desconstitucionalizada, como dijera Cruz Villalón, esa idea evolutiva de Constitución parece definir nuestra experiencia. En la Carta Magna hay decisiones en materia territorial, así la unidad de la Nación española, el reconocimiento del derecho a la autonomía o los derechos históricos..., pero también es cierto que no hallamos ni un mapa territorial ni una delimitación clara de los poderes del Estado y de las autonomías en su articulado. Fue la evolución política y jurídica la que definió la forma territorial del poder. El triunfo democrático del andalucismo político bien puede comprenderse como el punto de partida de una interpretación de la Constitución territorial, de cuño federalizante, en la que no han faltado, usando el léxico del lendakari Urkullu, convenciones constitucionales. Me estoy refiriendo, sobre todo, a los dos grandes pactos autonómicos del bipartidismo, mediante los cuales se impulsa una descentralización política tendente a la simetría. Esas convenciones, que se escenifican en las Cortes Generales, interpretan la Constitución desdibujando la diferencia entre nacionalidades y regiones, asimilando su institucionalidad y autonomía. La propuesta que nos da a conocer Urkullu, aunque críptica, sugiere no tanto una convención como una enmienda a las convenciones vigentes para restablecer la diferencia. Creo que en ella hay una trampa, una ingenuidad, un imposible y una paradoja. La trampa, que País Vasco y Navarra disfrutan de un régimen fiscal confederal. Nunca operó aquí la simetría y su café no es el de todos sino, digamos, el de los muy cafeteros. La ingenuidad, pensar que es posible una modificación profunda de nuestro modelo territorial sin el concurso del partido conservador español, primera fuerza hoy en el Congreso, con mayoría absoluta en el Senado y que gobierna Andalucía y parte de la España bilingüe. Lo imposible, pretender habilitar la vía de la autodeterminación al margen de los procedimientos de reforma constitucional. La paradoja, que esa idea de pacto foral sólo adquiere sentido, en puridad, bajo la monarquía.