Nuevos tiempos

SIN ánimo de parecer apocalíptico, parece evidente que la presencia de nuevas fuerzas políticas en las instituciones está produciendo un cierto cambio en las pautas de gobernabilidad del sistema. Un cambio para el que aún apenas tenemos perspectiva y que exigiría seguramente una renovación en las reglas de funcionamiento, que tendrían que ser distintas al anquilosado modelo cuasi-bipartidista preexistente.

Hay sin embargo quienes niegan la mayor: es decir, los que piensan que las nuevas fuerzas políticas serían en el fondo igual que las anteriores; con la misma lógica competitiva, la misma dinámica clientelar, la misma ambigüedad ideológica y parecida ambición estratégica. No habría pues nada nuevo, salvo la sustitución de unas fuerzas por otras.

Aun aceptando esta hipótesis, parece claro que las nuevas fuerzas vienen planteado algunas exigencias que van más allá de la mera conquista de votos: se supone que pretenden una cierta regeneración de nuestra vida pública, que persiguen un mayor grado de transparencia y que, al menos por ahora, vienen dilatando en el tiempo sus pretensiones de ocupar cargos y repartirse la tarta del poder. Lo que supone una nueva visión de las instituciones al servicio de la ciudadanía y no de los intereses de los partidos gobernantes: algo que, al nivel teórico, se venía defendiendo desde hace ya mucho tiempo. Y esto significaría que estamos en efecto ante una nueva etapa de regeneración democrática donde se rompe en parte con la inercia anterior, exigiendo unas pautas de funcionamiento algo diferentes.

Desgraciadamente, parece que por ahora el grado de percepción de estos cambios resulta ser bastante dudoso, en particular desde los medios de comunicación, donde predomina la inercia de seguir con las pautas anteriores. O sea, que se le estarían aplicando al novato bisoño los mismos criterios que al veterano de colmillo retorcido. Y así resulta que la proyección ante los medios de la nueva dinámica política no consigue adquirir unos perfiles claros y bien definidos, produciéndose incluso algunos desencuentros como el que supone la página informativa abierta por el Ayuntamiento de Madrid.

Un nuevo sistema de gobernabilidad significa unas reglas de juego abiertas para todos, y no al servicio de las viejas inercias dominantes establecidas y articuladas en torno al cártel de partidos preexistente. Un modelo de funcionamiento donde los viejos usos y costumbres adquiridas deben ser revisados y actualizados de acuerdo con los nuevos participantes. Y esas reglas de juego afectan, sobre todo a los reglamentos parlamentarios.

Por poner un ejemplo sencillo: ¿cuándo se va a eliminar de una vez el perverso sistema de cuotas de iniciativas de control (como preguntas o interpelaciones) que beneficia a la mayoría gubernamental? ¿Qué es lo que controlan de verdad los diputados del grupo gobernante con su cuota de iniciativas, aparte de conseguir fáciles palmas de ovación para los miembros de su ejecutivo? ¿O se trata simplemente de restarle cuotas a la oposición? Hasta la extenuación se ha venido repitiendo por una de las voces más prestigiosas de nuestra academia, el catedrático Ángel Garrorena, que los instrumentos de control deben estar al servicio exclusivo de la oposición, no de la mayoría; porque la mayoría es la que gobierna y no la que controla. Una visión tan justa y elemental de las cosas no ha conseguido sin embargo hacerse presente en la vida de nuestros parlamentos autonómicos, donde seguimos con el absurdo de que quienes gobiernan son, al mismo tiempo, quienes más "controlan".

En base a unas reglas de juego anquilosadas y ajustadas a la vieja inercia del cártel de partidos preexistente, es muy fácil hacerle tropezar a los novatos, bajo la ficción de que las reglas de juego ya están definidas. Cuando en realidad tales reglas de juego fueron establecidas al servicio de los intereses de los viejos partidos mayoritarios. La emergencia de un nuevo modelo de gobernabilidad obliga, en un puro ejercicio de democracia, a revisar algunas de esas reglas de funcionamiento del sistema. Porque, como venimos insistiendo muchos, y no sólo algunas de las nuevas fuerzas políticas, las instituciones públicas no son de los partidos (ni siquiera aunque hayan sido mayoritarios durante décadas), sino de los propios ciudadanos: es decir, son "nuestras" instituciones y, por definición, deben ser justas e iguales para todos.

La percepción de que vivimos nuevos tiempos, donde teóricamente podríamos abordar la tarea decisiva de una mayor calidad democrática para nuestras instituciones, no consigue hacerse todavía suficientemente presente, y las miasmas del pasado siguen contaminando nuestra realidad cotidiana.