Jueves Santo Horarios, itinerarios y recorridos del Jueves Santo y Madrugada en la Semana Santa de Cádiz 2024

Uno, que se ha pasado décadas bregando con leyes y normas, analizando su racionalidad y proponiendo, cuando carecían de ella, su necesaria reforma, se siente especialmente decepcionado cuando se topa con supuestos incomprensibles, absurdos por su dureza. Es el caso, ahora difundido, de la multa de 100.000 euros que José Vélez, un vecino de El Escorial, tiene que afrontar por derribar sin permiso un fresno de su parcela. El árbol, no específicamente protegido, amenazaba su vivienda, estaba enfermo y suponía un riesgo para quienes allí habitaban. Al bueno de José no se le ocurrió otra cosa que talarlo sin obtener antes la licencia establecida. Craso error. La maquinaria administrativa, equipada de reglas tan voraces como la Ley de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, su puso inmediatamente en marcha, olió sangre y se dispuso a hacer caja sin piedad ninguna.

Tras años de pleitos, y a pesar de haber aportado informes que justificaban su conducta, el Tribunal Supremo acaba de rechazar todos sus argumentos: tiene que abonar los 100.000 euros, más otros 40.000 de intereses al haber aplazado el pago del principal, abonando éste en mensualidades de 2.000 euros.

A Vélez ya no le queda un céntimo. Su negocio no da para satisfacer la deuda generada por su horrendo crimen. Pronto le embargarán su propiedad y, si nadie lo remedia, llegará el desahucio. Faltaba el papelito de marras y eso, en esta sociedad nuestra de la burocracia estulta, autoriza a destrozar una vida.

Razonan los jueces que pudo actuar con buena fe o sin intencionalidad y, por supuesto, sin reiteración alguna, pero que esto no le liberaba de su obligación de conocer el procedimiento que hubiese validado su acción. Así, sin anestesia.

No recuerdo una pena por hechos similares tan brutal como esta. Al orate que en su día se lo ocurrió cortar un singular y valiosísimo pinsapo en Grazalema le impusieron el módico correctivo de 5.000 euros.

Miren, la primera responsabilidad del legislador es no ignorar los límites del sentido común. Los mandatos que instaure tienen que ser sensatos, coherentes, sopesadores de todos los intereses en conflicto. Del mismo modo, los jueces han de aplicarlos después con la imprescindible equidad. Nada que ver con lo sucedido aquí. Otro fracaso, el enésimo, de un sistema jurídico, el nuestro, que demasiadas veces brinda al sol, se olvida del administrado y se pierde por las ramas.

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