El dominio público es inembargable, imprescriptible e inalienable porque garantiza el uso común de los ciudadanos. Es el caso de las playas y las calles. Los chiringuitos y las terrazas mantienen un pleito derivado de que algunos empresarios quieren usar un espacio destinado a todos los ciudadanos para realizar su actividad económica sin límite con el chantaje recurrente de los puestos de trabajo. Los chiringuitos de Cádiz salieron en su día para la explotación de 150 m2 durante ocho meses al año por 10 años. Se quiere cambiar a 300 m2 durante todo el año por 30 años sin volver a sacar a concurso la concesión. Las terrazas ocupan calles y plazas como una extensión de los establecimientos de hostelería. Está muy bien que existan pero deben tener conciencia de que calles y playas son de todos y están supeditados al uso de los ciudadanos. No valen exigencias ni unas voces más altas que otras. El Ayuntamiento administra el bien común que es el de los vecinos a circular y a disfrutar del espacio público.

Ahora LLORECA quiere un uso indiscriminado de calles y plazas, sin límite, sin horario, sin tener que acreditar estar al corriente del pago a la Seguridad Social y a Hacienda (¿por qué será?). Parece un drama que solo se pueda ocupar un tercio de las plazas o que sea preciso dejar tres metros para el tránsito de personas. Según parece el Ayuntamiento ha renunciado a la defensa del bien común y acepta que se pongan mesas que entorpezcan el paso de vehículos de emergencias para lo que basta el compromiso escrito del propietario (se supone que se referirá al adjudicatario de una concesión en precario para el uso de la calle con un fin hostelero) de que en el momento de que llegue una ambulancia, la policía o los bomberos, retirarán las mesas. Increíble mayor cinismo o, en el mejor de los casos, tamaña ingenuidad. Luego si pasa algo nadie tendrá la culpa.

Es compatible que en la ciudad haya chiringuitos y terrazas siempre que cumplan con la ley en el bien entendido de que el dominio público pertenece a los ciudadanos, una concesión no consiste en la privatización de playas y calles. El puñal en la garganta de los puestos de trabajo no debe hacer claudicar a nuestros gobernantes, cuya obligación es cumplir con la defensa del bien común. Quedar bien con LLORECA y con los peatones y bañistas de manera simultánea en muchos casos es como sorber y soplar a la vez. El derecho es el de los vecinos a quienes se deben los responsables públicos. No se puede segar a dos manos.