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Análisis

Joaquín Aurioles

La trifulca de la armonización fiscal

Erc apoyará al Gobierno en su defensa de los PGE a cambio de la armonización impositiva y lo presenta como una iniciativa para acabar con el "dumping fiscal" de Madrid. Lo que viene a decir Rufián es que en Madrid se recaudan impuestos que soportan contribuyentes de otras comunidades porque el domicilio fiscal de las principales empresas del país está en la capital y que esa comunidad aprovecha esta sobrefinanciación para reducir la presión fiscal sobre sus ciudadanos, generando un escenario de competencia fiscal desleal que lleva a muchos contribuyentes (personas físicas y jurídicas) a trasladar su domicilio a la capital.

La denuncia del agravio ha sido recurrente en Andalucía desde que Madrid iniciase su desescalada de impuestos y hay estudios académicos ofrecen evidencia robusta (Reig, E.; IVIE, 2020) y más débil (González-Val y Marcén, 2019) de que de que la competencia fiscal entre comunidades existe y puede tener trazas de deslealtad. Pero el nuevo Gobierno andaluz decidió replicar la experiencia de Madrid y ahora podría verse obligado a dar marcha atrás en parte, si la iniciativa prospera.

La bajada masiva de impuestos proclamada por el presidente andaluz implica rebajas en los impuestos de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos (99%), Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, IRPF (tramo autonómico) y promover un tratamiento ventajoso en la fiscalidad local a pymes y autónomos. El objetivo abiertamente declarado es mejorar la competitividad de la economía por la vía fiscal, creando un espacio más atractivo a la inversión y al empleo. ¿Puede ser acusada entonces Andalucía de deslealtad por querer utilizar su autonomía fiscal para obtener ventajas competitivas? ¿Debe el Gobierno andaluz retractarse de su principal compromiso electoral porque el central haya decidido por interés político la modificación repentina de las reglas del juego?

La acusación de deslealtad fiscal decae ante la evidencia de que aquí no se recaudan tributos que soportan contribuyentes de otras comunidades. Por otra parte, la competencia fiscal entre territorios es habitual en la UE y goza de plena aceptación como instrumento de la política de desarrollo regional, siempre que sea en beneficio de los territorios más desfavorecidos, como puede ser Andalucía. En todo caso, muchos especialistas defienden la competencia fiscal como incentivo a la eficiencia de los sistemas tributarios y la lucha con el fraude, siempre que se eviten situaciones de agravio, como podrían ser en el caso de España los regímenes forales en País Vasco y Navarra.

En todo caso, conviene no perder de vista que España se dotó de un modelo político descentralizado justamente para tener la posibilidad de ofrecer la receta de impuestos y servicios públicos que el ciudadano prefiera en cada territorio. Si los gobiernos regionales no lo hacen, al contribuyente corresponde mandarle a la oposición o cambiar de residencia. En todo caso, persiste la duda sobre la legitimidad de un Gobierno central que ignora las preferencias de los ciudadanos que, dentro del marco legal, eligen recetas de impuestos y gasto diferentes a las del conjunto.

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