Las ciudades necesitan dotarse de más y mejores servicios públicos ante las nuevas necesidades de los ciudadanos. La obligación de los gobiernos locales es dotar a sus ciudades de todos los servicios necesarios para hacer más y mejor la vida de sus ciudadanos.

Es cierto, como analizaba en un artículo anterior, que los ayuntamientos no tienen todas las competencias necesarias para poder intervenir sobre algunos servicios, tanto públicos como privados. La pandemia ha intervenido el normal funcionamiento de algunos servicios básicos que, en la actualidad, no se prestan con la necesaria calidad y rapidez para lo que fueron creados. No son solo los servicios públicos, también los servicios públicos de interés general prestados por entidades privadas, como telecomunicaciones, electricidad, gas, servicios postales, agua, residuos, transportes, sanidad, que desempeñan un papel más necesario y puntual en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Son servicios, en la mayoría de los casos, imprescindibles para poder tener una vida digna porque afecta a derechos de primera necesidad.

Fíjense ustedes, que cuando hoy los gobiernos municipales se disparan hablando de la necesidad de conexión a internet, de ciudades saludables, de ciudades limpias de ruidos, de coches etc., servicios tan antiguos y no tan sofisticados sufren una preocupante dejadez que complican la vida de los ciudadanos. Nosotros tenemos en nuestra ciudad unos servicios públicos y privados de interés general que sufren un gran deterioro ante la falta de personal y está repercutiendo de una manera lastimosa en los servicios que le prestan a la ciudad y por lo tanto a los consumidores. Estamos en un país en el que los ciudadanos solo protestan de los servicios públicos, como la sanidad , la educación etc. Pero estamos sufriendo largas colas en correos, cada vez contamos con menos oficinas de servicios bancarios en las que observamos largas colas en las puertas, problemas de gestión en ciudadanos que no controlan la informática, larga espera en los servicios públicos como las oficinas del Inem, servicios del propio Ayuntamiento con largas citas para obtener algún documento. Son servicios públicos necesarios para el normal desarrollo de la vida de la ciudad, de los ciudadanos, que los gobiernos tienen la obligación de cuidar y mejorar. En la gran mayoría, los ayuntamientos no tienen competencias, ni oportunidad de controlar. Pero sí tienen la obligación de gestionar en lo posible, ante los organismos competentes, las mejoras de los servicios que prestan en la ciudad. No es de recibo la cronicidad en la mala gestión que ofrece Correos, con largas colas en la calle sufriendo las inclemencias del tiempo. E igual sucede con las, cada vez menos, oficinas bancarias, reducidas a lo mínimo. Somos una gran ciudad, cercana a los cien mil habitantes y se necesitan unos servicios, tanto públicos como privaos de interés general, dignos que estén a la altura de la ciudad.