Una de las competencias de los ayuntamientos es ordenar su municipio. Decidir, en  base al interés general, a la legislación vigente y a las propuestas ciudadanas, a qué  dedicar cada zona. Pero el sistemático sometimiento a los especuladores está llevando  al fracaso de los planes urbanísticos municipales, los famosos PGOUs. 

En El Puerto se aprobó un PGOU en 1992, en el que se primó incluir el pueblo  marinero de Puerto Sherry y la finca La China como suelo urbano, en contra de toda la  legislación vigente.

En 2000 se inició un nuevo PGOU, adulterado por los acuerdos a que llegaron               -talonario de por medio- IP y, en dos mandatos el PSOE, con los promotores  urbanísticos. Pero el gobierno municipal del PP y la Junta del PSOE lo aprobaron en  2012, a pesar de su manifiesta ilegalidad. Entre ellas, carecer de Evaluación Ambiental  Estratégica, una exigencia de la legislación comunitaria y estatal que obliga  a justificar las propuestas del PGOU, a garantizar la participación ciudadana, y  a comparar ubicaciones alternativas para elegir la mejor opción. Nada de esto se hizo,  fueron los especuladores urbanísticos los que decidieron el modelo de ciudad en base  a sus intereses.

Y llegó el equipo de gobierno PSOE-IU, y los ecologistas les pedimos que, ante la  segura anulación del PGOU, comenzaran la redacción de uno nuevo, con el objetivo de  satisfacer las necesidades sociales de vivienda y equipamientos. Pero nada, siguieron  aplicando el PGOU ilegal del PP. Y llegó el gobierno del PP-Cs, y la anunciada anulación  del PGOU por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; y advertidos  estaban, pero, a veces, la prepotencia se superpone a la ineptitud.

Y en vez de enmendarla, la sostuvieron. Recurso al Tribunal Supremo, que nos costó  15.000 €. Y a acelerar la aprobación de planes y proyectos urbanísticos. Y promesas a  los propietarios de viviendas ilegales, y a los promotores e inversores, a los que se les  garantizaba “seguridad jurídica”. Y nuevo varapalo judicial.

Y ahora el Ayuntamiento ha tenido que archivar 21 instrumentos de planeamiento de  desarrollo del PGOU y 6 modificaciones en trámite. Nueve años de trabajo de los   funcionarios, y mucho dinero invertido, tirados a la basura.

Y Beardo y Danuxia, como si la cosa no fuera con ellos.