Dos vigilantes custodian el edificio Antares en Puerto Real

La situación en el Residencial Antares, el edificio de viviendas de Casines ocupado por varias personas, sigue sin solucionarse. En su interior siguen las mujeres que lo ocuparon hace ya una semana como señal de protesta. El poco movimiento que se ha producido en las viviendas ha sido la presencia de dos vigilantes de seguridad que custodian el edificio 24 horas al día. "Al menos ahora podemos descansar un poco porque ya no tenemos que hacer guardia para evitar que mas personas ocupen los pisos. La propia entidad bancaria ha contratado a dos vigilantes para que no dejen entrar a nadie más", explicaba ayer Juan Benítez, portavoz de los vecinos afectados.

Al problema de la ocupación se suma ahora la imposibilidad de los propietarios de poder escriturar sus viviendas. Esta semana estaba prevista la firma de algunos de los vecinos que ha sido paralizada ante la situación que se viven en el edificio. "En el juzgado nos han dicho que nos tenemos que esperar, que hay mucho trabajo acumulado y no pueden priorizar para dar una solución, y la promotora y el banco nos dicen que ya nos llamarán para escriturar las viviendas pero que, de momento, no van a hacerlo".

Así, los vecinos suman un nuevo problema y un nuevo retraso en la adquisición de su vivienda que se ha convertido en un auténtico vía crucis, desde que iniciaron la compra de los pisos, que vieron viable gracias a la subsidiación de préstamos para adquirir viviendas protegidas, una ayuda que el Estado otorga a los compradores (con ingresos limitados) para contribuir al pago de los intereses hipotecarios. De este modo, los futuros propietarios que debían pagar una media de 500 euros mensuales obtendrían una ayuda de 200, por lo que la cuota hipotecaria se vería reducida de manera muy considerable.

Las familias de la Villa no contaban con la entrada en vigor de la Ley de Fomento del Alquiler, aprobada en junio de 2013, que eliminó toda posibilidad de conceder reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos. Por tanto, no han podido obtenerla "pese a que fueron reconocidas por la Junta de Andalucía, que actúa de gestora de estas ayudas estatales", según explica Miguel Ángel Fernández Cosme, uno de los abogados que el colectivo contrató para que gestione el caso de manera colectiva.

Pero esa no fue la única ayuda estatal que perdieron. Tampoco percibieron otra, de algo más de 9.000 euros, "que se otorga en los casos de primer acceso a la vivienda y cuando el préstamo hipotecario supere el 60 por ciento del valor de la vivienda", unos requisitos que cumplen la práctica totalidad de los demandantes, según el abogado.

Todo esto colocó a los propietarios en un punto crítico y varios de ellos desistieron de la compra. Son esas viviendas las que, al parecer, han acabado ocupando las familias que están en el interior del edificio ya que se han ido "mudando" de piso a medida que han ido conociendo que los que ocuparon de primeras tenían un propietario.