Los tres trabajadores de Airbus Puerto Real condenados por las protestas contra su cierre evitan la cárcel

En una jornada en la que la Bahía de Cádiz despertó 'encendida' por la convocatoria de la huelga del metal, tres trabajadores de Airbus Puerto Real acudían a juicio acusados, precisamente, de causar daños graves en la CA-35 durante las movilizaciones emprendidas por la plantilla en la primavera de 2021 para protestar contra el cierre de la factoría. Los operarios procesados no estuvieron solos. Desde primera hora de la mañana, un numeroso grupo de trabajadores de Airbus acudió a las puertas de los Juzgados de lo Penal, en el estadio Nuevo Mirandilla de la capital gaditana, para apoyarlos; y a estos se sumaron los propios manifestantes del sector del metal. En total, más de 300 personas los recibieron entre aplausos y consignas en defensa de la lucha obrera.

Tras varias horas de espera y negociaciones, los tres trabajadores llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y el Estado (que ejercía la acusación particular) y evitaron así la celebración de la vista oral. En un acto de conformidad, los operarios aceptaron la autoría de los hechos por los que venían siendo acusados y fueron condenados en firme a 18 meses de cárcel como responsables de un delito de daños agravado por cometerlos con incendio y en bienes de uso o dominio público, una pena sensiblemente inferior a la planteada en un principio, tres años y medio de prisión. El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz, encargado de juzgar el caso, les concedió el beneficio de la suspensión de la ejecución de las penas, siempre y cuando no delincan en un periodo de tiempo de dos años. Por lo tanto, no entrarán en prisión.

Asimismo, el pacto se alcanzó toda vez que los trabajadores encausados consignaron previamente -y gracias a la caja de resistencia del sindicato CGT- más de 53.000 euros, la cantidad en la que se tasaron los daños ocasionados en la CA-35 durante las protestas de la plantilla.

Además, cada uno de los operarios deberá pagar una multa de 1.080 euros, una cuantía también bastante inferior a la solicitada inicialmente, 6.480 euros.

Una vez que finalizó el acto de conformidad celebrado en los Juzgados de lo Penal, cientos de trabajadores de Airbus seguían esperando a sus compañeros juzgados, a los que recibieron entre aplausos y abrazos. También se encontraban allí Teresa Rodríguez, ex parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía, y José Ignacio García, portavoz de la misma formación, quienes estaban citados como testigos en el procedimiento.

"La ley mordaza en toda su expresión"

Juan Antonio Guerrero, miembro del comité de empresa en Airbus Puerto Real por la CGT, manifestó en declaraciones a los medios que este caso "es un atropello a la clase trabajadora". Guerrero valoró que la causa "es un reflejo de la ley mordaza en toda su expresión, porque en esa manifestación participamos más de 800 personas para defender nuestros puestos de trabajo en Airbus Puerto Real, una factoría que finalmente cerró".

"Estos tres compañeros no tienen ninguna vinculación sindical ahora mismo, son afiliados de nuestro sindicato pero no son miembros del comité ni son delegados, son trabajadores que han sido 'cazados' como víctimas de aquel día. Son trabajadores, no delincuentes, como se pretende hacer ver", concluyó Juan Antonio Guerrero.