Tres trabajadores de Airbus Puerto Real se enfrentan a tres años y medio de cárcel por las protestas contra su cierre

Cádiz/La primavera de 2021 fue especialmente convulsa en la Bahía de Cádiz cuando Airbus anunció el cierre de su planta de Puerto Real, lo que desembocó en intensas movilizaciones por parte de sus trabajadores para protestar por un cerrojazo que consideraban "injustificado".

En el marco de un calendario de movilizaciones y bajo la consigna de defender la continuidad de la actividad de la factoría aeroespacial en la localidad puertorrealeña, la mañana del 14 de abril de 2021los trabajadores de Airbus llevaron a cabo una concentración. Después se dirigieron hacia los accesos a Cádiz capital por la CA-35, carretera que cortaron en ambos sentidos.

En el camino, entre el kilómetro 1 y 2, se toparon con un cordón policial que les impedía el paso. Había una fuerte presencia de efectivos de la Policía Nacional, ya que la manifestación no estaba autorizada por la Subdelegación del Gobierno.

El ambiente empezó a caldearse. Para intentar mediar, intervino la entonces alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, que junto con el alcalde de Cádiz de aquella fecha, José María González 'Kichi', participaban en la cabecera de la protesta laboral.

Pero para cuando Amaya terminaba de hablar, tal y como publicó este medio, un grupo de trabajadores corrió y atravesó el cordón policial en un breve pero tenso encontronazo. Tras ello, enseguida se volvió a formar la manifestación que avanzó hasta los alrededores de la planta de Alestis y la antigua Delphi.

En este punto, la Fiscalía de Cádiz sostiene que tres trabajadores de Airbus Puerto Real "se sirvieron de piedras, neumáticos, ramas y diversos objetos para formar una barricada". Esos tres mismos operarios, asegura el fiscal, "con ánimo de ocasionar desperfectos en la vía pública, prendieron fuego a los efectos que habían interpuesto", lo que ocasionó "un incendio en una zona de 30 metros". A raíz del fuego, afirma la acusación pública, se ocasionaron daños en la carretera tasados en 53.341,93 euros.

Estos tres trabajadores se sentarán en el banquillo el próximo 18 de junio acusados por la Fiscalía como responsables de un delito agravado de daños. Así, cada uno de ellos se enfrenta a tres años y medio de prisión, multa de 6.480 euros y el pago de una indemnización por los daños causados de más de 53.000 euros en favor de la Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Occidental, organismo que ejerce la acusación particular.

En el desarrollo de las diligencias practicadas a raíz de este caso, ha quedado acreditado que el segundo fuego que se originó en los pinares próximos a la CA-35 no tuvo nada que ver con la protesta laboral.

La defensa

Luis Ocaña, abogado defensor de dos de los tres procesados, solicita la absolución de los trabajadores por cuanto sostiene que no cometieron los hechos por los que van a juicio. "Ellos acudieron a la protesta, como tantas otras miles de personas, para intentar evitar el cierre de la planta", señala.

Asimismo, el letrado apunta que este caso se inició a partir de una denuncia policial que "no ha podido ser ratificada", ya que los policías intervinientes que declararon en el Juzgado de Puerto Real durante la fase de instrucción "lo hicieron fuera de plazo", en concreto, 86 días después de que expirara el tiempo legal establecido para desarrollar y practicar las pesquisas oportunas (un año, salvo que se solicite en tiempo y forma una prórroga, lo que no se hizo).

La defensa de los acusados recurrió ante la Audiencia de Cádiz esta irregularidad y la Audiencia de Cádiz le dio la razón, de manera que la testifical de los agentes fue declarada nula y, por tanto, quedó sin efecto.

"A pesar de ello, la jueza instructora y el fiscal decidieron seguir adelante y llevar a juicio a los tres trabajadores. No deja de ser algo inédito. Jurídicamente, el asunto es muy dudoso", dice Luis Ocaña, que explica también que "en un principio eran cuatro los trabajadores investigados, si bien al final sólo van a juicio tres, sin que sepamos el porqué".

Por último, el letrado advierte que este procedimiento "enmascara una criminalización de la lucha obrera" y subraya que se están judicializando casos similares, como el de los trabajadores de Acerinox, la huelga del metal de la tanqueta en el Río San Pedro o los 'Seis de la Suiza'.

Concentración del apoyo

La Federación Estatal de Sindicatos de la Industria Metalúrgica, Fesim, y CGT Metal Cádiz han mostrado su solidaridad hacia los trabajadores encausados y han convocado una concentración de apoyo el próximo 18 de junio a las puertas de los Juzgados de lo Penal de Cádiz, donde se celebrará la vista oral.