Las togas gaditanas agitan el año judicial

Cádiz da juego a nivel judicial. Una provincia tan particular como la nuestra, con una elevada litigiosidad, genera cientos de causas, juicios y sentencias de interés público. Y 2025 ha dado buena cuenta de ello.

La imagen más potente que han dejado los doce últimos meses se captó en julio. Numerosos jueces y fiscales secundaron una huelga de tres días en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno que perseguían reformar el acceso a la carrera y el Estatuto del Ministerio Fiscal. Con ese paro, ampliamente respaldado en Cádiz, los convocantes exigían la retirada de esas iniciativas que, en su opinión, amenazaban la independencia judicial. 

La judicatura gaditana volvió a ser noticia, esta vez, por dos nombramientos relevantes, los de los magistrados Manuel Estrella y Nuria Orellana. Estrella fue reelegido presidente de la Audiencia de Cádiz. Suma así su tercer mandato al frente del tribunal gaditano, un órgano que dirige desde el año 2011. Por su parte, la jerezana Nuria Orellana se incorporó a la Sala Primera de la jurisdicción Civil del Tribunal Supremo.

Ya en el ámbito penal, uno de los procedimientos más destacados del último año fue el del cura Antonio Casado, un sacerdote juzgado y condenado en primera instancia a cuatro años de cárcel por apropiarse de forma indebida de 366.000 euros de una parroquia de Vejer. 

Dos asuntos de extrema violencia en el ámbito familiar también marcaron la actualidad jurídica de 2025. Un hombre fue condenado a 20 años de prisión por dejar morir a su madre, de 88 años de edad, en el domicilio en el que ambos convivían en El Puerto. El hijo cometió un asesinato al desatender las necesidades más básicas de su progenitora, tales como su alimentación, su higiene y sus cuidados médicos, lo que la llevó a sufrir una desnutrición extrema. Asimismo, otro hombre fue procesado por violar y maltratar de forma reiterada a su madre, de avanzada edad y dependiente, en su domicilio de Chiclana. Fue condenado a 19 años de prisión, una pena ya ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

De otra parte, el joven que asesinó al futbolista del Chipiona CF Paco Naval, de 24 años, tras asestarle una puñalada en el tórax con un cuchillo de cocina “sin mediar palabra y de forma sorpresiva” en marzo de 2023 fue condenado a 17 años y medio de prisión. El procesado evitó la celebración del juicio con jurado tras llegar a un acuerdo y confesar la autoría del crimen.

Por último, la comarca del Campo de Gibraltar, siempre copada por causas contra el narcotráfico, fue el escenario de dos casos de gran relevancia, incluso a nivel nacional. De un lado, la Audiencia de Cádiz con sede en Algeciras condenó a 24 años de prisión al armador del pesquero Rúa Mar, Pedro Samuel Maza, por la muerte de seis marineros cuando intentaba descargar hachís frente a la costa marroquí. De otro lado, la Audiencia Nacional absolvió a Yassin Kanjaa, acusado de asesinar a un sacristán de Algeciras en enero de 2023, pero ordenó su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario durante 30 años. Aunque esta causa se instruyó y juzgó bajo la posibilidad de que se tratase de un caso de terrorismo yihadista, el tribunal tomó esta decisión al apreciar la eximente completa de alteración psiquiátrica.