El 75% de los jueces y fiscales de Cádiz secunda la primera jornada de huelga contra las reformas del Gobierno

Este martes arranca el primero de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal. La Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) son las convocantes de este paro de tres días que se extenderá desde este martes y hasta el próximo jueves a pesar de que el Consejo General del Poder judicial acordó por unanimidad que esta convocatoria carecía de base legal.

La huelga, que ha sido secundada por el 75% de los jueces y fiscales de Cádiz, llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones conservadoras frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos, que en su opinión amenazan la independencia judicial.

Consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "comprometen gravemente" la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal" y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.

Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defiende sin embargo que "ni una sola línea" de la reforma judicial afecta a la independencia de jueces y fiscales y tacha de "infundadas" las críticas de las asociaciones contra estas leyes.

El CGPJ acuerda que la huelga carece de base legal

Ante la convocatoria de huelga, el Ministerio de Justicia solicitó al CGPJ que se pronunciara sobre la legalidad de este paro, como hizo en febrero de 2009, cuando resolvió que los jueces no tienen derecho a esa medida de protesta.

Así, el Pleno del CGPJ acordó por unanimidad el pasado jueves que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, "no procede" tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.

Respecto a posibles sanciones a los magistrados que secunden el paro, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, en las que no se han producido este tipo de castigos.

También la Fiscalía comunicó que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar aquellas actuaciones en las que la ausencia del fiscal "pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos".

Las asociaciones consideran la huelga una medida legítima

A pasar de este pronunciamiento, las asociaciones han decidido continuar con la convocatoria de huelga, ya que consideran que se trata de "una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de las condiciones profesionales".

Mantienen que el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución, que no cabe interpretación restrictiva, que "de su reconocimiento no se excluye a jueces y magistrados y la ausencia de normativa específica de desarrollo no supone su exclusión".

Alegan, además, que tal como ha establecido una sentencia del Tribunal Constitucional se trata de un derecho de titularidad individual que cada persona puede ejercer de manera autónoma sin necesidad de autorización o comunicación previa.

Por otra parte indican que "ante la falta de fijación de servicios mínimos por parte del CGPJ y la Fiscalía General del Estado" el comité de huelga ha establecido unos criterios "para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía sin desvirtuar el derecho de huelga".

Jueces y fiscales sustitutos se descuelgan

Las asociaciones de jueces y fiscales sustitutos se han desmarcado de la huelga de tres días que comienza este martes y que consideran "regresiva" porque "en lugar de reivindicar derechos para quienes sufren precariedad laboral, se convoca para desprestigiar a este colectivo".

En un comunicado firmado por la Asociación Plataforma Judicatura Interina (APJI) y las Asociaciones de Abogados Fiscales Sustitutos (AAFS), denuncian que los convocantes de la huelga "únicamente defienden los intereses de los jueces y fiscales titulares sin considerar los derechos ni la situación de las juezas, jueces y fiscales en situación de interinidad y precariedad".

Tachan el paro de tres días de "inédito y regresivo", ya que en lugar de reivindicar derechos para quienes sufren precariedad laboral, se convoca precisamente en contra del colectivo de jueces y juezas sustitutas y fiscales sustitutos, "cuyo único objetivo es lograr la estabilización frente al abuso de la temporalidad", en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).