Las centrales sindicales de CSIF, SBC y SAB en el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz han emitido un comunicado para responder al realizado por el propio ente provincial para lamentar "el asalto trumpista" que se ha producido en la mañana de este miércoles.

Ante estas acusaciones, la representación sindical ha señalado que "la entrada, forzada o no, de funcionarios que reclaman sus derechos en la Diputación Provincial es algo que se ha venido repitiendo históricamente, a las hemerotecas nos remitimos, por lo tanto es el señor Trump quien nos ha copiado".

Los tres sindicatos han lamentado que el presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix de "arrogante y prepotente" por no recibir a los manifestantes, lo que "solo ha servido para echar más gasolina al fuego, máxime cuando ya nos habían atendido el resto de grupos que conforman el arco parlamentario de esta Diputación". 

Sobre la situación salarial de los trabajadores, han señalado que "mientras un bombero C1 cobra menos que un C2 con dedicación y disponibilidad de la Diputación Provincial, en el Consorcio hay numerosos cargos que superan el límite impuesto por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Mientras que en nuestra Administración hay cargos que cobran 1500 euros brutos mensuales por estar disponibles y localizables, en la Diputación este concepto es el mismo para todas las categorías siendo un total de 180,51 euros mensuales. El tiempo libre con mi familia vale lo mismo que el tiempo libre del gerente con su familia. Que conste que nosotros no cobramos esos conceptos". 

Respecto a las discrepancias sobre la falta de personal, los tres sindicatos han indicado que "el CBPC incumple a sabiendas la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (y otras cuestiones de seguridad laboral) con el fin de mantener bajo el presupuesto, si se hicieran las evaluaciones de riesgo de las actuaciones sobre el terreno se tendría, por imperativo legal, que casi triplicar la plantilla, lo que podría replantearse a alguno de los socios abandonar este ente disoluble y si esto pasara y el Consorcio se disolviera los bomberos pasaríamos a los respectivos ayuntamientos y a la Diputación Provincial en la fórmula administrativa que fuera integrándonos en las diferentes RPT y acuerdos sindicales de las diferentes administraciones. ¿Qué pasaría con aquellos que superan el tope salarial que impone la referida Ley? ¿Quién les absorbería con las extraordinarias condiciones laborales de que gozan ahora que el caso más extremo puede pasar de los 100.000 euros brutos anuales?".

Para finalizar, las tres centrales sindicales han asegurado que "solo queremos que se nos trate al menos en igualdad de condiciones que están los funcionarios y otros entes instrumentales de la Diputación Provincial y que se amplíe y rejuvenezca la plantilla para llegar a los mínimos de seguridad según se desprenda de las evaluaciones de riesgo. Si esto es ser trumpista, pues somos trumpistas".