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energías renovables

Del ladrillo al panel: la burbuja de la fotovoltaica en Cádiz

  • En 2020, la producción energética a través de placas solares creció un 50% en Andalucía

  • La provincia gaditana ha duplicado en diez años su potencia en electricidad generada en paneles

  • Los proyectos inundan el campo sin una regulación vinculante

Instalación de paneles solares en la finca Las Quinientas, en Jerez.

Instalación de paneles solares en la finca Las Quinientas, en Jerez. / Miguel Ángel González

“El cambio climático es una oportunidad de negocio”, afirmaba hace un par de años en el Palacio Provincial Juan Verde, asesor económico y político, con una carrera vinculada al Partido Demócrata norteamericano. Unas palabras que no se diferencian mucho de las de Larry Fink, consejero delegado de la inversora BlackRock, que declaraba hace poco que “la transición climática es una oportunidad de inversión histórica”.

Lo que nadie podía saber con certeza, desde luego, era qué forma adoptaría esa oportunidad. Pues bien: tiene forma de espejo. La transición ecológica implica más que la transición energética, pero el primer zarpazo de un posible cambio de modelo nos ha llegado a través de la energía fotovoltaica. El último informe de Infraestructuras Energéticas de la Agencia Andaluza de Energía, que se actualiza cada seis meses, dice que en 2020 la tecnología fotovoltaica creció en la región un 50% respecto a 2019.El listado por provincia no incluye a las plantas fotovoltaicas “debido al gran número existente” pero señala que, entre 2018 y 2020, “han aumentado considerablemente las solicitudes de centrales de gran potencia, entre 10 y 200 MW”.

La comparativa en la evolución de energía fotovoltaica en la última década muestra que Granada y Jaén son las comarcas que han presentado un crecimiento más estable: aun así, de los 83 y 80 MW que registraban en 2011, han pasado a 126 y 109 en 2020 –siendo Granada la segunda provincia andaluza a nivel de autoconsumo, con 21,6 MW–. Córdoba también ofrece un crecimiento constante pero sin grandes saltos –partía con unos buenos números de salida ya hace una década– , habiendo pasado en los últimos diez años de 181 MW a 304. Sin embargo, Almería ha triplicado en estos años su potencia en energía fotovoltaica, saltando de 78 MW en 2011 a 228 en 2020; mientras que Huelva, con la misma cifra, ha superado en más de tres veces su potencia inicial en 2011 (66 MW), doblando su capacidad (de 124 a 228) en sólo un año. En 2019, Cádiz había doblado la energía fotovoltaica que producía en 2011: de 65 a 126 MW, contabilizando 134 en 2020. En la última década, Málaga casi ha triplicado su potencia energética, pasando de 47 MW a 161, en un crecimiento que la convierte en la tercera provincia andaluza en autoconsumo.

Pero el boom absoluto lo protagoniza la provincia de Sevilla, que en diez años ha multiplicado por ocho su producción fotovoltaica: mientras que en 2011 aportaba a la red 170 MW, en 2019 eran ya 830 los megawatios que registraba, y 1377 en 2020. Semejantes números la convierten en la principal generadora de energía fotovoltaica de Andalucía, contribuyendo un 51,7% al total de la enería fotovoltaica andaluza, y situándose, también, en el primer puesto en autoconsumo con 36 MW.

Centrándonos en la provincia gaditana, en 2019 ya se contabilizaban 97 proyectos de huertos solares. A fecha de hoy, la campiña de Jerez cuenta con once iniciativas registradas. En el campo de Gibraltar hay decenas de propuestas, entre ellas, la gran fotovoltaica de Cepsa en San Roque; cinco empresas quieren desarrollar parques solares en Jimena (en lo que supone un 3% del suelo del municipio, 11% del terreno rústico), unas obras cuyas líneas de evacuación comprometen numerosas parcelas en Castellar. Puerto Real y San José del Valle también han levantado la mano. Sólo la semana pasada entraron tres proyectos más a consulta dentro de los términos de El Puerto, San Martín del Tesorillo y El Puerto-Chiclana (Dehesa del Inglés)

El ritmo de crecimiento es más que importante, sobre todo, teniendo en cuenta que el último año ha sido el año de la pandemia: es decir, estamos hablando de un sector que ha esponjado aun con la economía a ralentí. Desde la plataforma gaditana de Ecologistas en Acción afirman que no podían imaginar algo así: “Una compañía de gestión energética nos contaba que habían llegado a preguntar por terrenos en ayuntamientos, encontrando que ya estaban comprometidos para paneles aun cuando la concesión de conexión de Red Eléctrica la tenían ellos”.

Si no estamos ante una burbuja, se le parece mucho.

“Detrás de esta explosión hay varios factores –explica el ambientólogo y consultor en sostenibilidad, Andreu Escrivá –. Uno de ellos es que, en cuanto dejas de financiar proyectos de carbón, palman pasta. Y el hueco a llenar es tan repentino que le veo muchas similitudes con lo que pasó con el ladrillo, ese Régimen de Actividad Urbanizadora, que permitía que te pusieras a urbanizar sin saber muy bien qué ibas a construir…”

“De hecho, la Junta de Andalucía ya ha advertido que en torno a la mitad de las solicitudes que están manejando se quedarán a las puertas: el sistema no puede absorber tanta producción”, comenta, desde Ecologistas en Acción, Daniel López Marijuán.

1377 hectareas ocupan los proyectos de huertos solares en el entorno de Jimena, según EA

La energía se produce pero también (sobre todo) viaja hacia algún sitio. Si no tiene suficientes nodos, o no hay suficiente capacidad, el sistema es inviable. En ese sentido, la provincia gaditana se deja querer: ya tiene una infraestructura potente de distribución eléctrica (la que heredamos de las térmicas) que es reutilizable, con capacidad no sólo para llegar a los núcleos de mayor consumo de la provincia, sino para evacuar la energía generada a otros. La provincia gaditana cuenta con siete subestaciones de 400 KV: Tarifa protagoniza la interconexión con Marruecos; Los Barrios, Gibraltar, Puerto de la Cruz y Arcos Sur tienen como función básica la recepción de generación cercana; Vallesol sirve para la evacuación de termosolar y Pinar del Rey, en San Roque, es el meganudo de conexión.

El interés por el terreno será mayor, lógicamente, cuanto más cerca se esté de estos puntos. Pedro Gallardo, presidente provincial de ASAJA, apunta que las diferencias de precio son notables, simplemente, de dos kilómetros a diez kilómetros del foco de interés. Y la fotovoltaica chupa terreno: cinco megawatios equivalen a diez hectáreas. Para generar un megawatio de electricidad, hacen falta más de 4000 paneles. Y da la casualidad de que, en el terreno, hace falta dinero. El alquiler de una hectárea puede rondar los 1500 euros al año. Desde ASAJA-Cádiz, continúa Pedro Gallardo, no existe una posición oficial respecto al tema de las fotovoltaicas: “Hay asociaciones agrarias, como la de Castilla y León, que sí se han posicionado en contra –comenta–, pero hay que tener en cuenta que la oferta suele ser apetecible para un sector que lleva años con falta de rentabilidad, con unos precios bajos que nos han lastrado mucho”.

Si un proveedor energético –o un fondo de inversiones, porque hay de todo– llama a la puerta, “hay quien lo ve como una oportunidad y hay quien no se compromete”, porque el compromiso es largo: 25 años duran los contratos de alquiler. “También hay quien decide alquilar un tercio de la finca y no jugárselo todo. A diferencia de la eólica, que requería poca superficie y podías seguir cultivando, y todo el mundo quería que le hicieran una oferta, en este caso se compromete bastante terreno” .

“Yo no digo que no sea necesario en muchos casos levantar huertos solares en el campo –apunta Andreu Escrivà–. Pero la obra se lleva por delante zonas de riego, infraestructuras hidráulicas… Hacemos todo esto y parece que nadie piensa en aprovechar zonas periurbanas que son prácticamente solares. Hace cinco meses casi no se hablaba de esto, ahora casi no pasa semana que salga algún conflicto, porque la gente está empezando a hilar fino… Hay que ordenar lo más rápido posible y presentar una guía clara porque, si no, podemos terminar malvendiendo el territorio al mejor postor. Porque, imagina que la empresa que alquila el suelo quiebra en quince años, ¿qué pasa?”.

“Por eso –prosigue Pedro Gallardo–, nosotros siempre aconsejamos acudir a nuestro gabinete jurídico ante cualquier oferta: los contratos oscilan mucho en función de la cercanía a la subestación, de la capacidad de almacenamiento, etc”.

En teoría, la normativa marca como suelos preferentes los de secano: “A nosotros lo que nos llega es que es en la campiña donde más apetencia hay: Jerez, Medina, Paterna… y el Campo de Gibraltar. A partir de ahí, como todo: el que tenga algo de aguacate, te dirá que no; el que tenga pastos, puede que sí”, señala Gallardo.

Los terrenos más apetecibles son aquellos cerca de subestaciones y nodos eléctricos

Las quejas que ha recibido la asociación al respecto, comenta el responsable de ASAJA, proceden principalmente del Campo de Gibraltar, de propietarios que han señalado el paso de líneas de evacuación, “con todo el derecho del mundo”.

Con la energía solar ocurre algo parecido a lo que ocurrió con la eólica hace años: mientras no exista legislación específica, cabe espacio para el Salvaje Oeste. Y aunque los propósitos de enmienda hacia una mayor concienciación medioambiental y a un cambio de modelo energético se suceden, la regulación se queda corta.

“Hay que hacer las cosas con control, ordenación y regulación, si no, aparecen los problemas. Hay aspectos, por ejemplo, en los que la regulación respecto a renovables no es vinculativa, sólo indicativa. Existen zonas de exclusión según valor ecológico, pero aún no se han especificado cuáles”, comenta Daniel López Marijuán. El Índice de Sensibilidad Ambiental para Energía Fotovoltaica del MITECO, muestra como zonas de Máxima Sensibilidad toda Sierra Morena y zonas considerables de las provincias de Cádiz y Huelva, por ejemplo (Parques Naturales de Grazalema, Los Alconorcales, Doñana...).  Una práctica habitual es dividir grandes proyectos en iniciativas de producción más pequeñas (50MW) para no tener que pasar por el gobierno central, sino sólo por la Junta.

Entre los limbos legales, la ley de Fomento de las Energías Renovables de Andalucía 2/2007, determina que las renovables pasan a ser de utilidad social e introduce la figura de las APER (Áreas Preferentes), “pero la ordenación no ha sido desarrollada”. Otra cuestión relacionada es la de la recalificación del suelo: para instalar una planta industrial (lo queramos o no, los parques fotovoltaicos) en un suelo no urbanizable se necesita una justificación.

“Las Directrices Energéticas de Andalucía Horizonte 2030 , que la actual Junta de Andalucía está desarrollando, consideran que todos los impactos de las energías renovables siempre son positivos y que las líneas de alta tensión que las acompañan son meramente una 'adaptación': las dos consideraciones son erróneas”, continúan en EA.

La mayor parte de quejas que ha recibido ASAJA al respecto proceden del Campo de Gibraltar

A todo ello recurre, entre otros puntos, la organización ecologista en las alegaciones que ha presentado a Fiscalía ante los proyectos a desarrollar en Caparacena, en Granada. “En los casos más importantes, creemos que existe la posibilidad de moratoria –comenta López Marijuán–. En Cádiz, algunos ayuntamientos, cuando han visto lo que se ha montado, también han cambiado de actitud”. Los datos que manejan Ecologistas en Acción recogen que los cuatro proyectos que se ubican en Jimena y su entorno (Tesorillo, Castellar, San Roque, Gaucin y Casares) ocupan un total de 1377 hectáreas.

Durante años –reflexiona Andreu Escrivà–, hemos repetido todos que lo que había que hacer era inundar el país de placas solares, que mira Alemania, que nosotros tenemos más horas de sol, etc. Ahora ha llegado el momento de las placas y hay dos cuestiones: centralizacion frente a producción cercana, gestionada por pequeñas comunidades; y modelo de gobernanza y coste económico, pero de tierra. Porque podemos decir que se llenen de placas los tejados de las ciudades pero, aun así, no nos salen las cuentas. Ni siquiera en los polígonos industriales, otro sitio donde debería ser prioritario”. Para el especialista, “administraciones, escuelas, espacios municipales, deportivos… todo aquello que dependa del Estado debería enchufarse entre otras cosas, porque tienen algo más de músculo y envían un mensaje a la gente”.

El desarrollo de la fotovoltaica se veíaReal Decreto sobre autoconsumo en 2019 mediante– como una forma de paliar la centralización energética, acercando puntos de producción y de uso, en forma de cooperativas, comunidades, autoconsumo... Pero, de nuevo, el sistema gira hacia la “dependencia a las grandes empresas”, apunta Andreu. Al contrario que con la energía eólica, cuyos componentes se fabrican en España, en la fotovoltaica es todo de importación.“Las plantas de placas solares cerraron en la crisis de 2008”, recuerda López Marijúan, que menciona también algunas de las opciones que intentan aliviar el impacto medioambiental del mar de espejos, como los proyectos de huertos solares flotantes en embalses que hay en Extremadura; o la agrofotovoltaica: aprovechar el espacio en sombra bajo los paneles solares para seguir desarrollando cultivos; una propuesta que ha dado buenos resultados en viñedos, y que quizá sería una opción allí donde la excesiva insolación puede comprometer las cosechas.

La fotovoltaica invita a un modelo más cercano entre producción y consumo

“El impacto medioambiental de los paneles no es cero, como sostienen algunos informes. Simplemente, porque nada tiene nulo impacto medioambiental –continúa Daniel López Marijuán–. La implantación masiva de huertos solares puede incidir en espacios de nidificación o campo de aves esteparias, como ha sido el caso de Granada”.

Diríamos muy alegremente lo de “cuántas molestias por cuatro pájaros” si no fuera porque recién hemos experimentado el coste que tienen los recortes en biodiversidad.

“Al hablar de transición ecológica, el discurso se centra mucho en lo energético porque sí, es cierto que es vital. Pero la transición ecológica es mucho más que eso –explica Andreu Escrivà–. ¿Qué va a biodiversidad, qué va a conectividad? Pero lo que la gente percibe es que la realidad de la gestión, y el esfuerzo de gestión, van sobre la energía: un dilema que sabíamos que iba a existir y que ha existido durante tiempo con las minas o vertederos. Y es que no es sólo sustituir forma de producción, sino también consumo, justicia energética, qué empresas lo hacen, la gobernanza de la red eléctrica… Luego está la cuestión de la España vaciada, y en cómo este tipo de proyectos afectan”.

Dado que, de una forma y otra, el modelo afecta al espacio en el que se impone, ¿por qué no recibir algún tipo de cuota en compensación? ¿Una bajada de la tarifa en la zona? Escrivà se muestra escéptico al respecto: “Por la experiencia que nos han dado, por ejemplo las nucleares, es un sistema injusto: tratan de paliar las afecciones en el pueblo en el que está la central, pero los otros pueblos también se ven perjudicados y no reciben nada. Al final, hay una lucha entre municipios para pillar lo que sea, como ocurre ahora con los almacenes de Amazon. Para mí, la única opción viable es… pagar impuestos”.

“Hemos de ser conscientes –continúa– de que un cambio en el consumo energético implica renunciar a muchísimo terreno. Ha faltado poner esta cuestión, entre muchas otras, sobre la mesa y ver qué sistemas agrícolas preservamos. Ha faltado diálogo social: esto ha llegado en plan arrollador y da miedo que termine conduciendo a un rechazo”.

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