La justicia en el diván

Sólo existe un hospital psiquiátrico en Andalucía. Y es una prisión. Está en Sevilla. Pero la mayoría de los enfermos mentales que han cometido un delito no están allí: sólo caben 180. José Vidal Carballo, el director del psiquiátrico penitenciario que convirtió ese lugar de reclusión en un centro terapéutico, fue destinado a dirigir la flamante cárcel de Morón. Allí encontró un número tan alto de enfermos mentales entre la población reclusa que decidió dedicarles un módulo entero, un módulo de respeto, como se llaman aquellos en los que los reclusos atienden sus necesidades de cocina, limpieza, etcétera.

Julia Cano, psiquiatra responsable del XXII Congreso de Psiquiatría Legal celebrado la pasada semana en Cádiz bajo el lema Criminalidad Psiquiatría y Ley, aporta el dato de que un 27% de la población reclusa española, la más numerosa de Europa, se encuentra en diferentes niveles de enfermedad mental, lo que se incrementa hasta un 40% si se une a la enfermedad mental las adicciones. 2.400 reclusos que cumplen condena tienen diagnosticado un trastorno mental, pero en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios -Sevilla y Alicante- sólo hay plazas para 550. El de Alicante, Fontcalent, duplica su aforo, se ha dicho en este congreso. Pese a ello, a excepción de las prisiones de Cataluña y el País Vasco, no hay un solo psiquiatra en las cárceles españolas."Las enfermerías de las prisiones son auténticos manicomios. Algo falla cuando hay tantos enfermos en prisión", reflexiona Cano.

Esto se produce en un país que afronta una nueva reforma del código penal (otra) y lo hace apoyándose en conceptos de predicción de la conducta de los individuos. La palabra estrella de esta reforma, según José Manuel Maza, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es "peligrosidad, con lo peligrosa que es la palabra peligrosidad", que es un término que tendría que ser trabajado por expertos en explorar las mentes. Sin embargo, tampoco hay un cuerpo de psiquiatras forenses.

Durante tres días los 200 psiquiatras legales españoles, aglutinados en torno a una asociación con más de veinte años de existencia, se han encerrado en un hotel de Cádiz y han escuchado horrorizados una y otra vez la palabra peligrosidad. Todos ellos realizan informes periciales a demanda de las partes en los más variados casos desde sus despachos de ejercicio privado. Analizan historias complejas porque la mente humana es compleja. Y peligrosidad es una palabra demasiado sencilla.

"La peligrosidad era una palabra que en los años de la gandula -ley de vagos y maleantes- se aplicaba a prostitutas, drogadictos y homosexuales. El término había sido desterrado, pero a partir de 2001, con el 11-S, regresa con fuerza. Los ciudadanos ceden derechos a cambio de un espejismo al que llamamos seguridad. Pasamos de un concepto en el que el legislador aplica conceptos de reinserción a otro en el que el legislador se decanta por medidas de seguridad. Aquí entra en juego la peligrosidad. El legislador considera que una condena puede ser insuficiente para un sujeto y cuando salga puede seguir siendo un peligro para la sociedad. Entonces aplica medidas de seguridad. Es el derecho penal del enemigo. En 2010 esto se ceñía a dos tipos de delitos: terrorismo y agresiones sexuales. En el borrador en el que se trabaja para la nueva reforma hablamos de multitud de delitos y de 17 medidas de seguridad distintas. Y todo es prorrogable. La condena de peligrosidad no tiene que acabar nunca. Nuestro ordenamiento penal está entrando en terrenos pantanosos", concluye el juez Maza.

¿Quién decidirá entonces la peligrosidad del individuo? No los psiquiatras, sino los jueces, apoyados en el cuerpo de médicos forenses -entre los que hay algunos psiquiatras, no muchos-. Julia Cano es muy crítica: "La población es cada vez mas justiciera, pide castigo y muchos forenses también parecen serlo. Hay que mirar por el enfermo si se establece que su enfermedad influyó en el delito."

A Cano no se le olvida que la Ley del Menor, que consideraba al menor más fácilmente rehabilitable que el adulto, nació torcida por un caso concreto, el asesinato de Klara, una menor de San Fernando a manos de dos de sus compañeras. Un solo caso supuso un clamor nacional en contra de lo que se pensaba era una ley blanda, que castigaba poco, olvidándose que es una norma que reconoce la responsabilidad de padres y tutores.

Jorge García Téllez trabaja en el Centro de menores Infractores de Algeciras, lo que antes se llamaban reformatorios. Poca gente sabe que estos centros en Andalucía están en manos privadas, asociaciones sin ánimo de lucro o empresas. La gestión de estos centros en la región está fragmentada. Cada centro utiliza sus propios métodos, por mucha supervisión que diga la Junta que ejerce sobre ellos. El de Algeciras es de los que funciona bien a juzgar por el bajo nivel de reincidencia. García Téllez asiste a menores maltratados que serían futuros maltratadores si no se les encauzara. "Han aprendido de los padres que les golpeaban frases como no me faltes el respeto. Esos niños tienen que salir del centro sabiendo que el respeto se pierde cuando golpeas al hijo". El trabajo es complejo. "Nuestro trabajo es el conflicto. Tienes que estar al lado del menor cuando entra en crisis, cuando te dice no me la des chachi (no me digas lo que quiero oír), cuando está imposible y altera la tranquilidad porque, si no estás ahí, él no querrá que estés cuando está todo bien. Entonces ya no te necesita". He ahí un modelo presente en la Ley del Menor.

Stephen Morse, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Pensylvania, es una de las eminencias en ley y salud mental. "Funcionamos como seres humanos, no como mecanismos. Cualquier explicación de la conducta humana tiene variables. Cuando un forense dilucida si un acusado tiene o no libre albedrío está siguiendo una condición legal, no metafísica". Es una reducción. La neurociencia cree haber dado con la solución. A través de resonancias magnéticas cerebrales podría discernir si existe responsabilidad en un individuo que ha cometido un crimen. Casi como cuando se descubrió que el cromosoma Y predisponía al crimen. Para Morse, esa simplificación no nos explica la complejidad de por qué hacemos lo que hacemos. Pero la neurociencia 'forense' está encantada de conocerse. Esto supone dar muchos pasos atrás.

¿Hay resonancias magnéticas o un coromosoma Y para explicar un crimen que lleva cuatro años alimentando las páginas de los periódicos como es el de Marta del Castillo? Para empezar, psiquiatras presentes en el Congreso consideran que al autor confeso y condenado del crimen, Miguel Carcaño, no se le ha estudiado bien. Quizá por eso nos resulta inexplicable que haya dado ya siete versiones distintas sobre los hechos.

Diego Gracia, un psiquiatra crítico en los 70 con la psiquiatría tradicional y que dejó de ser psiquiatra cuando la antipsiquiatría "mató al padre" de la psiquiatría tradicional, tiene a sus pespaldas una brillante carrera de pensador que le ha llevado a ser uno de los expertos en Bioetica de la Unesco. Para él, "la inteligencia humana sólo sirve para una cosa: para proyectar. Proyectar significa que el hombre no vive en el presente, sino en el futuro. Esas acciones proyectadas, no las que hacemos mecánicamente, son las que nos interesan para la ética porque en ellas se encuentra la libertad y la responsabilidad. Sobre esas acciones trabaja el derecho, la ética y la psiquiatría". ¿Y el crimen?. "Un sonámbulo que dispara a un semejante ha cometido un crimen, pero no ha sido un acto humano, no ha sido proyectado. Existe el hecho, pero no la responsabilidad. Lo que miramos es el proyecto, que tiene una primera fase cognitiva, otra emocional y una tercera operativa. En la última está la libertad, pero influida por las dos anteriores. Y en cada proyecto, dado que nuestra inteligencia no es perfecta, se producen unas contraindicaciones, unos efectos secundarios".

Así de complejas (o no) son nuestras acciones. Pero estas abstracciones se pueden medir. Miguel Ángel Labrador es el psicólogo responsable que trabaja con el programa de intervención con delincuentes sexuales del centro penitenciario de Navalcarnero y aporta datos sencillos de entender. El mero paso por la cárcel de un delincuente sexual hace que sólo un 14% reincida. Si a estos delincuentes se les trata con programas específicos de rehabilitación su índice de reincidencia apenas es del 4%. Sin embargo, los medios para tratar estos casos son escasísimos. En Andalucía, apenas significativos.

Es más sencillo aplicar el término peligrosidad e incluirlo en un nuevo ordenamiento legal y dar una apariencia de dureza con aquellos que pueden perturbar nuestra pacífica existencia. Maza, el crítico magistrado del Supremo, admite que la obsesión por la seguridad está creciendo en todos los ordenamientos jurídicos occidentales, pero hace una comparación. "Alemania incrementó sus medidas de seguridad para individuos potencialmente peligrosos, pero al tiempo se dio cuenta de que no tenía medios para hacer cumplirlas, por lo que se dio diez años para crear esos dispositivos. En España se nos ocurre una normativa, la aprobamos y a los seis meses está en funcionamiento sin que existan ni los más mínimos mecanismos para hacerla cumplir".

Así ocurrió con la reforma psiquiátrica, la deshospitalización de nuestros enfermos mentales. Cerraron los psiquiátricos y los dejamos vagabundear. Habitantes de los psiquiátricos de entonces pueblan las cárceles de hoy o son nuestros sintecho. Nuestro ordenamiento jurídico actúa de manera compulsiva, siguiendo el mecanicismo de la alarma social y entregando a la apolillada administración de justicia términos sobre comportamientos humanos que el derecho ni asimila ni tiene personal preparado para que sean asimilados. Los políticos que condenan cada muerte de una mujer a manos de un hombre son los mismos que legislan generalizando y atolondradamente sin un proyecto, es decir, asimilando las palabras de Diego Gracia: sin inteligencia. La psiquiatría quiere un hueco en el derecho y el derecho pivota en ocasiones, obligadamente, sobre conceptos psiquiátricos. Sin embargo, seguimos invirtiendo en cárceles, seguimos incrmentando nuestra población reclusa. Ángel Luis Ortiz, magistrado de Vigilancia Penitenciar, reconoce que en nuestro sistema "prima lo penitenciario sobre lo sanitario". José María López, coordinador técnico de la Fundación Manantial, que trabaja con éxito en los centros penitenciarios de Madrid con personas con trastornos mentales, considera que "si invirtiéramos en salud mental la mitad de lo que gastamos en prisiones, todo nos saldría mucho más barato". Y, posiblemente, habría menos peligrosidad.