El inspector médico de la Operación Karlos es apartado del SAS

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó ayer sancionar con la separación del servicio a Francisco Casto Pérez, el inspector médico que participó de manera activa en el fraude de las bajas por incapacidad laboral que dio origen a la denominada como Operación Karlos. Pérez, que fue condenado por la Justicia por estafa y falsedad en documento oficial, queda así apartado del organigrama del Servicio Andaluz de Salud (SAS), donde era funcionario del Cuerpo Superior Facultativo y del Cuerpo de Inspección de Prestaciones Sanitarias.

La sanción aprobada ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta parte a propuesta de la Consejería de Salud y Bienestar Social, que ha calificado como "muy grave" la infracción contra la normativa del régimen disciplinario de los empleados públicos cometida por este inspector médico.

Los hechos objetos de la sanción, fundamentalmente falsificación en los expedientes de incapacidad laboral para el reconocimiento fraudulento de pensiones, se produjeron entre los años 2000 y 2006 en la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades (UVMI) adscrita a la Delegación Provincial de la Consejería de Salud en Cádiz. En relación con los mismos, la Junta abrió un expediente sancionador que se paralizó en febrero de 2004, cuando se inició la vía judicial en la Audiencia Provincial, y que fue reanudado una vez que la sentencia condenatoria de este órgano judicial fue confirmada en julio de 2012 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La sanción del Consejo de Gobierno se refiere a los mismos hechos declarados y probados por la sentencia penal, los cuales fueron constitutivos de sendos delitos de estafa y falsedad en documento oficial. De acuerdo con la doctrina del Supremo, la doble sanción penal y administrativa se justifica porque la condición de funcionario ha sido elemento imprescindible para la relevancia penal de la acción de Francisco Casto Pérez, y no sólo una circunstancia agravante.

Tanto en el expediente administrativo como en las sentencias judiciales se constata que el inspector médico sancionado aprovechó su privilegiada situación para influir de forma determinante en el reconocimiento de prestaciones económicas de incapacidad laboral a personas que no reunían los requisitos legales. En colaboración con Carlos Carretero, también condenado en la misma causa, les ofrecía a una serie de ciudadanos la obtención segura de una pensión a cambio de grandes sumas de dinero por la gestión fraudulenta de unos expedientes en los que falseaba la situación médica real de los interesados.