Casi 2.200 familias no pueden afrontar el pago de la hipoteca de su vivienda

Dos años de crisis financiera, escalada del paro y los excesos inmobiliarios durante los tiempos de prosperidad han pasado factura, una cruda factura, en los hogares gaditanos. La hipoteca, principal deuda en el pasivo de las familias, se ha llegado a convertir en una losa insoportable por la falta de ingresos o la pérdida de parte de ellos y ha provocado un fuerte crecimiento de las demandas judiciales de las entidades financieras por impago de las cuotas. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de Cádiz registraron el año pasado 2.180 ejecuciones hipotecarias, el procedimiento por el que bancos y cajas ejercen la reclamación del crédito tras un periodo prolongado sin abonar las mensualidades.

Son más de dos millares de casos de asfixia, ruina e incluso de pérdida de la vivienda, de desahucio del hogar si el deudor es incapaz de saldar la cuenta, que incluye la cantidad del préstamo pendiente de devolución y los correspondientes interés de demora.

El incremento de actividad ha sido muy fuerte, ya que en 2008 se resolvieron 1.486 ejecuciones, lo que significa una subida anual del 46,7%. Y si se compara con 2007, el año que marcó el final de la etapa de bonanza y el inicio de la crisis tras el estallido de las subprime (hipotecas basura estadounidenses), el resultado es que estos procedimientos se han multiplicado por tres, puesto que entonces se produjeron 668.

La buena noticia, o al menos el signo esperanzador, es que el ritmo de crecimiento en 2009 ha ido remitiendo trimestre tras trimestre. En el primero se contabilizó un repunte del 150% con respecto al mismo periodo del año anterior; en el segundo, esta brecha se suavizó hasta el 70%; en el tercero ya caía ostensiblemente hasta 20% y en el último, la diferencia era apenas un 3,5%. La tendencia a la estabilización de los casos de ejecuciones es clara en Cádiz, pero, además, hay un horizonte positivo para este ejercicio porque otras provincias, entre ellas Sevilla, iniciaron ya la senda descendente en la recta final de 2009.

Son las primeras ráfagas del final del túnel, pero el balance global sigue siendo negativo. Los juzgados de Andalucía atendieron 17.774 demandas de las oficinas financieras, un 55,1% más. La provincia con más expedientes fue Málaga, con 4.475, seguida de Almería (3.463) y Sevilla (2.996). A continuación, en cuarto lugar por volumen de casos, se situó Cádiz (2.180), y tras ella, Granada (1.741), Córdoba (1.049), Huelva (950) y, finalmente, Jaén (920). El crecimiento regional resultó bastante similar al experimentado en el conjunto del país, puesto que hubo 93.319 casos que supusieron un alza interanual del 59%.

Esta multiplicación de causas ha tenido una consecuencia directa en el funcionamiento de los juzgados de Primera Instancia, la jurisdicción competente en este tipo de reclamaciones, y ha contribuido a empeorar su grado de saturación, según se refleja en el informe de actividad del CGPJ. Estos órganos (junto a Instrucción) terminaron 2009 con 18.953 asuntos en trámite, mientras que doce meses antes, la montaña de expedientes no pasaba de los 15.100, es decir, un 25% más. Cada despacho atendió una media de 512 casos, lo que equivale a una tasa de congestión del 1,92 -siete décimas más-, considerablemente por encima del promedio de saturación total de la provincia, que es de un 1,37 (resultado de cruzar tres variables: expedientes pendientes, registrados y terminados.