La trama de facturas falsas en La Janda sentará a ocho acusados en el banquillo

Ocho empresarios de la construcción se sentarán en el banquillo de los acusados en el juicio que se celebrará en uno de los cinco juzgados de lo Penal de Cádiz por la supuesta trama de facturas falsas que operó en la comarca de La Janda entre los años 2000 y 2001. Dicho juicio, que aún no tiene fecha, podrá celebrarse después de que diez años después de su inicio haya concluido la instrucción de una causa abierta a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria, que alertó de una facturación ficticia de algo más de 2,7 millones de euros entre empresas vinculadas al sector de la construcción.

Entre los ocho acusados se encuentran Gabriel Orellana, ex presidente local del PP en Medina Sidonia, y Pedro González Cabaña, hermano del ex secretario provincial del PSOE, ex presidente de la Diputación, ex alcalde de Benalup-Casas Viejas y actual diputado nacional. De las diferentes calificaciones realizadas por las partes, y a las que ha tenido acceso este periódico, destaca por encima de todo las discrepancias surgidas entre la Abogacía General del Estado y la Fiscalía de Cádiz en torno a la persona de Pedro González Cabaña. Así, mientras la representación jurídica del Estado reclama para él una pena de tres años de prisión por la comisión de un supuesto delito continuado de falsedad en documento mercantil, la Fiscalía pide el sobreseimiento de la causa abierta contra él.

Las investigaciones se iniciaron en 2003 y en las mismas la Delegación en Cádiz de la Agencia Tributaria y el Grupo de Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Judicial de la Comisaría Provincial vinieron a coincidir en que esas supuestas facturas falsas -aproximadamente una treintena- fueron emitidas y vendidas por la empresa Transportes y Canteras N.S.T., con sede en Medina Sidonia, y adquiridas por seis empresas de Cádiz, Málaga y Granada que las deducían luego como gastos en sus declaraciones a Hacienda, obteniendo así devoluciones fiscales indebidas. Los investigadores considera probado que la empresa emisora de esas facturas jamás realizó los trabajos que en ellas se reflejaban, al carecer de los medios humanos, técnicos y materiales para llevarlos a efecto.

Esta empresa fue fundada a finales de 1999 por José Alba Quiñones, Pedro González Cabaña y Gabriel Orellana Aguilar, aunque en mayo de 2000 cambió de propiedad al venderle los dos primeros a Orellana todas sus participaciones. Durante la instrucción González Cabaña y Alba mostraron su desconocimiento sobre la existencia de las facturas falsas, responsabilizando en todo caso a Orellana. Éste, por el contrario, señaló al primero de ellos como urdidor de la operación.

Según las conclusiones de los investigadores esta firma mercantil asidonense emitió en 2000 facturas supuestamente fraudulentas a las empresas Transportes Internacionales Trans-Jadra S.L. y Caminos y Carreteras Hermanos García Cabrales S.L. La misma operación se realizó en 2001 con cuatro firmas más: Construcciones José Jaimez S.L., Hormigones Torcal S.L., Construcciones y Contratas Los Alcornocales S.L. y Las Lagunetas del Sur 2000. Se da la coincidencia de que Pedro González Cabaña era el administrador único de esta última empresa en mayo de 2001, aunque luego traspasó la sociedad.

Los tres socios fundadores de Transportes y Canteras N.S.T. y los administradores de las empresas supuestamente beneficiadas son acusados por la Abogacía General del Estado de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por lo que pide para cada uno de ellos una pena de tres años de prisión y una multa de 16 meses, así como la devolución del dinero defraudado.

Por su parte, la acusación popular ejercida por José Blas Fernández, senador del PP, aprecia el mismo delito y reclama una pena de tres años de prisión y una multa de 12 meses para todos los acusados excepto para el administrador de Camiones y Carreteras Hermanos García Cabrales S.L., para el que pide una pena menor de un año y nueve meses de prisión y multa de 12 meses.

La opinión de la Fiscalía, que también ha presentado ya su escrito de acusación, difiere bastante. Así, el Ministerio Fiscal pide una pena mayor de tres años de prisión y una multa de nueves para Gabriel Orellana, a quien sitúa como cabecilla de la trama. Para cuatro de los restantes acusados -administradores de las empresas que se beneficiaron de las facturas- solicita una pena de un año y seis meses de prisión y una multa de nueves, mientras que exime de cualquier responsabilidad a Pedro González Cabaña, José Alba y al administrador de Caminos y Carreteras Hermanos García Cabrales S.L.

Las defensas de los ocho acusados solicitan la absolución de sus defendidos y no sería de extrañar que en el juicio recurrieran a la atenuante de dilaciones indebidas tras los diez años en los que el caso ha estado en manos del Juzgado de Instrucción número cuatro de Cádiz.