Las casas ilegales siguen a la espera de recibir agua

Las viviendas irregulares en los diferentes municipios de la provincia son una antigua realidad de siempre. El informe publicado sobre los acuíferos contaminados en zonas de casas ilegales de Chiclana ha desatado una polémica que ha levantado las suspicacias en toda la provincia. Por ejemplo, Barbate, Conil, Sanlúcar y Vejer viven pendientes de reordenar urbanísticamente sus poblaciones para aceptar o no las miles de viviendas irregulares que hay en estas localidades en lugares actualmente no urbanizables y que, por ende, no tienen un acceso normalizado al agua potable.

La época en la que los ayuntamientos miraban para otro lado cuando se construían casas en cualquier lugar propicia que ahora, a raíz de un decreto de 2012 de la Junta, se tenga que regularizar esas casas en los PGOU que podrían desatar problemas de salud pública en relación al consumo del agua. El peligro del desabastecimiento de agua por parte de las administraciones locales y regionales puede provocar que los vecinos busquen este sustento en fosas sépticas o pozos donde la sanidad del agua no está asegurada.

En esta cuestión, hay otro añadido. La Junta no se reconoce competencias en acuíferos ilegales, asegura que sólo puede intervenir en las redes de distribución legales, atribuyendo a los ayuntamientos la responsabilidad. Sin embargo, no todos los consistorios ven esto tan claro.

En Barbate, las pedanías de Los Caños y Zahora se han enfrentado durante años a problemas de abastecimiento, aunque actualmente no hay constancia de contaminación. No obstante, se prevén actuaciones, en teoría pronto, para que ciertas zonas de Los Caños y de Zahora. El alcalde de Barbate, Rafael Quirós (PSOE), considera que "puede ocurrir una desgracia" para las personas que viven en las viviendas irregulares de las pedanías barbateñas por el desabastecimiento que sufren. Pese a que no hay constancia de peligrosidad, bajo la óptica de Quirós es una obviedad que consumir agua de sitios sin analizar es un riesgo. "La Junta no puede mirar para atrás", asegura. Antonio Tocino, el concejal de Urbanismo de Barbate, habla de un convenio marco firmado con los vecinos para que pronto se inicien obras. Una de las actuaciones está centrada en un colegio de Zahora que hasta ahora no tiene acceso a agua potable, con un montante final de 199.892 euros. Otra intervención está prevista en Caños de Meca en la urbanización Cabo Trafalgar con un presupuesto de unos 230.000 euros. La financiación correrá a cargo de los vecinos. En la mayoría de los ayuntamientos consultados, un trámite ha impedido hasta ahora abastecer de agua a viviendas irregulares. La Junta tendrá que validar esos nuevos documentos urbanísticos que buscan regularizar varias viviendas. Eso sí, la regularización tocará el bolsillo de los propietarios. El concejal de Urbanismo barbateño estimó que entre Zahora y Los Caños existen más de 1.000 casas en terrenos no urbanizables. "Nadie bebe agua de los acuíferos. Las viviendas tienen sus fosas sépticas unas homologadas y otras no, y no se atreven", asegura Tocino.

Ernesto Carmona, presidente de la AVV Faro de Trafalgar, es uno de los que encabeza la petición para que se realicen las obras en su urbanización de Los Caños donde no llega el agua. En los meses de verano es cuando las dificultades se hacen más notorias para cerca de 30 vecinos que deben hacerse con unas cubas.

El caso de Conil no dista mucho del de Barbate. El concejal de Urbanismo de este municipio, Antonio Alba (IU), cuantifica en unas 4.500 viviendas ilegales en proyecto de regularización. "Uno de los requisitos imprescindibles de la ordenanza es que toda la vivienda que se regularice tiene que poner un sistema de depuración de aguas", asiente. En este lugar, las fuentes municipales también están seguras de que no hay problemas con los acuíferos. Las fosas sépticas constan, pero el conocimiento del consumo de agua en mal estado no. "Tanto el agua como la luz, incluso los trabajos administrativos, se contempla que lo paguen los particulares", confirma Alba. En total, en la provincia de Cádiz, 18 ayuntamientos han puesto en marcha la normalización de los diseminados.

Otra de las poblaciones con tradición de asentamientos de viviendas ilegales es Sanlúcar. Concretamente, Los Llanos y La Algaida son algunas de esas zonas donde casi todos sus habitantes poseen una vivienda ilegal por las características propias de la zona. Sus vecinos lo tienen claro, viven de la agricultura y del cultivo intensivo. Por tanto, sin una casa pegada a sus explotaciones no podrían subsistir ni sacar adelante sus tierras, lo cual les llevó a edificar por cuenta propia unas casas que tampoco están recogidas actualmente en el plan urbanístico. La polémica del acceso al agua potable tampoco escapa de Los Llanos y La Algaida. Víctor Mora (PSOE), alcalde de Sanlúcar y responsable de Urbanismo, reconoce que La Algaida es una zona constituida a raíz de los cultivos agrícolas y que por esta razón los agricultores se hicieron sus casas allí. "Hoy con la normativa urbanística actual esto no es posible, por ello el Ayuntamiento, a través de la revisión parcial de PGOU, pretende resolver esta problemática mediante su clasificación como hábitat rural diseminado", aseguró. Además, en la línea de las otras poblaciones descarta cualquier anomalía en los acuíferos ni ninguna denuncia de ese tipo.

No obstante, Juan Alonso, presidente de la Asociación de Viviendas Irregulares de Los Llanos y La Algaida (AVILLA), pese a que confirma que no existe contaminación sí denunció la situación de las casas en su zona, que comprende un total de hasta 2.500 viviendas. "Todas nuestras viviendas tienen un pozo ciego, no tenemos alcantarillado, no tenemos saneamiento público en la zona", lamenta. Además, recalca que hasta el momento no han recibido información sobre la recalificación de los terrenos a hábitat rural diseminado y se queja de las múltiples sanciones "aleatorias" que han sufrido varias personas. Este denuncia que desde 2007, el Ayuntamiento de Sanlúcar dejara de prestar servicio de luz y agua en la zona.

Por su parte, el concejal de Urbanismo de Vejer, Daniel Sánchez (PP), resalta que las pedanías vejeriegas tienen agua potable en su mayoría y que están trabajando para que El Palmar reciba agua cuanto antes. Hasta ahora, a esta pedanía incipiente por motivos turísticos sólo llega la red a un colegio y a un centro de salud. A espera de las nuevas aprobaciones urbanísticas, la idea del Consistorio vejeriego es dotar de agua a todo el litoral en El Palmar donde hay negocios importantes para el turismo que hasta ahora han tenido que dotarse de cubas y generadores en verano. Por su parte, las duchas municipales han tenido que conectarse al agua que llega al colegio. "Llevamos dos años tramitando la concesión, estamos esperando que la Junta nos termine de dar el visto bueno", concreta Sánchez que tiene como esperanza que su plan sea validado la semana que viene. "Una de las peleas con el jefe de ordenación del territorio fue que éste nos decía que favorecíamos con eso el asentamiento ilegal. Pero ahí tenemos diez o doce restaurantes con licencia, establecimientos provisionales con licencia, plan de playas con duchas, tres chiringuitos con concesión administrativa y viviendas con licencia. Si eso no vale de justificación...". La pedanía de La Muela también precisa de intervención. El Ayuntamiento de Vejer estima que hay unas 800 viviendas en situación de ilegalidad. El caso es que la incompetencia de las administraciones que en su día no impidieron edificaciones que entienden como ilegales genera ahora una situación que puede desembocar en un problema mayor. Por el momento, no hay constancia de acuíferos contaminados y los nuevos PGOU están en camino.