Sed de responsabilidad pública

Desde hace más de 30 años, en el diseminado de Chiclana resulta más saludable aficionarse al moscatel Gloria o al Arroyuelo que consumir a diario el agua de unos pozos envenenados por la fiebre del ladrillo y el sueño masivo del chalecito, por la falta de escrúpulos de constructores y suministradores de energía y por la connivencia y la desidia de las administraciones. Si bebe agua de pozo corre el riesgo de ingerir una especie de infusión de lo que miles de vecinos en varios kilómetros a la redonda hicieron desaparecer tirando de sus cisternas.

En pleno siglo XXI, en este lado bueno del mundo, unas 53.000 personas viven expuestas a un riesgo potencial para su salud por la contaminación fecal de las aguas que consumen, similar a la que se padece en algunos países en desarrollo. Y no pasa nada. El caso solo ha vuelto a ser noticia por la crisis municipal más que previsible que ha desatado el informe técnico encargado sin permiso de sus socios de Gobierno una edil defensora de las construcciones ilegales. Vaya novedad. Todo el mundo sabe que en Chiclana no se puede beber el agua de pozo. Y no pasa nada. Hasta que pase...

Según la OMS, "las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años y síntoma de infecciones ocasionadas por muy diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten por agua con contaminación fecal. La infección es más común cuando hay escasez de agua limpia para beber, cocinar y lavar. Las dos causas más comunes en países en desarrollo son los rotavirus y la Escherichia coli". Vaya, Escherichia coli, como en Chiclana. Pero no hay que alarmarse. Aquí, nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica están siempre en guardia. Ya lo ha dicho el delegado del Gobierno andaluz: "Mientras que no exista ninguna alerta sanitaria, nosotros no emprenderemos ninguna actuación en ese sentido". Uno tenía entendido que una alerta se decretaba ante un riesgo potencial para la salud de la población (eso es lo que dice el informe), frente al cual hay que poner en marcha acciones de manera más o menos urgente. También sorprende que los expertos en analisis de aguas no tengan la obligación de comunicar a las autoridades ambientales y sanitarias la acumulación de muestras contaminadas procedentes del mismo acuífero, aunque se cuenten por miles. Que las incidencias negativas en las analíticas a las que obliga la Directiva Marco del Agua a la Administración andaluza no se trasladen al SAS y que no se esté haciendo ningún sondeo en los centros de salud sobre el posible origen de los cuadros gastrointestinales de sus pacientes.

Todo el mundo sabe, además, que si rebrota el caso, el Ayuntamiento volverá a echar el muerto encima a la Junta y la Junta al Consistorio, en una cada vez más bochornosa partida de ping-pong con las competencias como pelota. Porque, aquí, cada administración sabe perfectamente lo que tiene que hacer...la otra. Según la Junta, es al Ayuntamiento, como responsable del caos urbanístico, al que corresponde la erradicación de los pozos ilegales, tal y como se comprometió en el PGOU. Según el Consistorio, es la Junta la única competente en el control y la vigilancia de las aguas subterráneas, desde el acuífero hasta que sale por los grifos.

Lo cierto es que, como dice el informe, "los organismos encargados de la supervisión, vigilancia, control y sanciones, por las razones que sean, no cumplen sus cometidos". Los de un lado y los de otro. Por eso es urgente la implantación, ya, de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento públicos, con la aportación económica de los vecinos que proceda.