La práctica totalidad de los badenes situados en las carreteras de Andalucía incumplen la normativa vigente, según la denuncia formulada ayer en Sevilla por el fiscal coordinador andaluz de Seguridad Vial, Luis Carlos Rodríguez León. En la presentación de la memoria del departamento correspondiente al año pasado, Rodríguez recordó que hasta hace apenas dos años no existían normas para la construcción de este tipo de estructuras, por lo que cada ayuntamiento o diputación provincial los hacía a su manera. Sin embargo, la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias aprobó en octubre de 2008 una instrucción técnica para regular la instalación de reductores de velocidad, un documento que fijaba las características técnicas de los badenes y que establecía dos años para la homologación de las estructuras existentes.

Los fiscales de Seguridad Vial han mantenido contactos con las Administraciones públicas, que han sido en su mayoría "receptivas sobre la responsabilidad penal y civil en que podrían incurrir" de no acometer esta tarea, según Rodríguez León. Sin embargo, el fiscal señaló que las provincias de Cádiz y Almería son las únicas de Andalucía que aún no han entregado a la Administración los estudios presupuestarios para reformar los badenes.

Rodríguez señaló que un informe a la Guardia Civil sobre los pasos sobreelevados o reductores de velocidad instalados en estas carreteras -se excluyen los ubicados en suelo urbano- constató el incumplimiento de la norma, lo que se puso en conocimiento de las administraciones competentes (Gobierno, Junta y diputaciones) para que corrijan el incumplimiento.

"Resulta mucho más rentable adaptar estos badenes a la legalidad que pagar indemnizaciones por posibles accidentes con dinero procedente del erario público", argumentó el fiscal. En 2009, el Ayuntamiento de Sevilla fue condenado a pagar 4.302 euros a una motociclista que sufrió un accidente por la "negligente" conservación de una zona con badén.