La Fiscalía de Seguridad Vial en Cádiz argumenta en su memoria anual correspondiente a 2009 que la reforma penal del sector y la aplicación "más rigurosa" de la normativa están contribuyendo de manera "determinante" en que el número de víctimas en accidentes de tráfico siga disminuyendo cada año y a que la circulación en las carreteras sea cada vez más segura.

El fiscal delegado en Cádiz, Juan Bosco, sostiene que la línea seguida por la Administración con el endurecimiento de las penas "es la correcta" y que así lo ha entendido la mayoría de la sociedad, pese a que algunos operadores jurídicos hayan criticado el sistema penal aplicable al tráfico tachándolo de "desproporcionado" y de tener más afán recaudatorio que de protección de los conductores.

Durante 2009, los procedimientos incoados por infracciones penales de tráfico en la provincia se incrementaron un 19% con respecto a 2008 hasta las 4.508, factor que ha conllevado "un importante sobreesfuerzo por parte de todos los fiscales de la plantilla de la provincia, que, tanto en el servicio de guardia como en el despacho de diligencias previas, se ha visto sobrecargada de trabajo".

El aumento de procedimientos y condenas se debe a que hubo un "notable" aumento de los controles en las vías, y a que en esta memoria se computó el delito de conducir sin el correspondiente permiso durante todo el año mientras que en el ejercicio anterior el cómputo se limitó a los meses de mayo a diciembre.

La Fiscalía resaltó que la inmensa mayoría de acusaciones se presentaron por los delitos de conducir bajo los efectos del alcohol (2.099) y por conducir sin el permiso correspondiente (1.980). Ambos factores representan aproximadamente el 90% del total de delitos calificados. Con respecto al año 2008, las acusaciones por conducir bajo los efectos del alcohol aumentaron el 22,7%, por conducir sin el permiso correspondiente el 14,6% y por negativa a someterse a las pruebas el 32% (hasta un total de 73).

Además, el Ministerio Público señaló que también aumentaron las acusaciones por conducir tras haber perdido todos los puntos del carné (hasta un total de 18), los quebrantamientos de condena (110) y las lesiones imprudentes con motivo de la circulación (78), mientras que las de conducción temeraria descendieron un 7% hasta las 131.

La Fiscalía también destacó que en un total de 278 casos los acusados eran reincidentes, lo que en principio demuestra que determinadas personas siguen haciendo "caso omiso" a la normativa penal.

En la memoria de 2009, la Fiscalía alerta de que el control sobre el consumo de drogas al volante "sigue siendo deficitario" y argumenta que las dificultades técnicas para su realización no deben impedir que se lleven a cabo, "al menos de forma aleatoria" y "experimental" con el objetivo de lograr un efecto disuasorio en los conductores.

Frente al incremento del número de procedimientos y de condenas por delitos contra la seguridad vial, disminuyó el número de accidentes y de víctimas en la carretera. Las víctimas mortales pasaron de 41 en 2008 a 33 en 2009. "Es interesante contrastar estos datos y así observamos que mientras aumenta el número de procedimientos y de condenas por delitos contra la seguridad vial (lo que, en principio, parece un dato negativo), disminuye el número de accidentes y de víctimas en la carretera. Esta coincidencia no es casual, de modo que no es muy aventurado afirmar que el efecto disuasorio de un sistema sancionador proporcional y serio se traduce en una significativa disminución de la siniestralidad vial. Esto confirma que la línea seguida en este ámbito desde los últimos años, por el momento, parece la correcta", argumenta la Fiscalía.

El Ministerio Público advierte de que "se sigue sin contar con medios técnicos e informáticos" para llevar un control más óptimo y coherente de los datos relacionados con la seguridad vial, que se recopilan de forma manual. También señala que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad reflejada en la última normativa ha planteado "muchas dificultades para su aplicación efectiva".

En la provincia, según recoge la memoria, el principal problema que se plantea es la falta de plazas relacionadas con la seguridad vial. Según la Fiscalía, sería deseable que los trabajos que ha de desempeñar el condenado por su comportamiento "insolidario" al volante estuvieran relacionado con la actividad en la que ha delinquido. "A día de hoy día no es así y la Administración debiera actuar en esa línea, teniendo en cuenta además, que son mayoría los condenados a esta pena por delitos de tráfico", remata la Fiscalía.

Para paliar en parte esta deficiencia se han propuesto desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias otras vías para el efectivo cumplimiento de la pena, entre las que se encuentra dar a esta pena contenido en forma de participación en un taller integrado por acciones de sensibilización y reeducación vial para condenas no superiores a los 30 días de trabajos.