La acusación particular pide 32 años al 'cerebro' del rapto de Ávila

La acusación particular en el caso del secuestro del empresario de Sanlúcar de Barrameda Rafael Ávila, que ejerce la familia de la víctima, ha anunciado que solicitará un total de 32 años de prisión para Luis Rodríguez Pueyo, acusado de ser el supuesto organizador del rapto que mantuvo al empresario en junio de 2008 encadenado durante dos semanas en una vivienda en Almonte. Un caso que la Policía definió como "el secuestro económico de mayor duración de los investigados en España y en el que la víctima permanecía en peores condiciones".

La acusación particular pedirá para el resto de imputados, entre ellos, dos hijos del propio Pueyo, el célebre estafador conocido tras ser condenado por el caso Arny, de abusos sexuales a menores; un primo hermano del líder del Partido Popular Mariano Rajoy, Raúl Brey (dueño del chalé en el que el empresario estuvo retenido y que supuestamente custodiaba al rehén), y Manuel Ibáñez, sanluqueño amigo de Pueyo, 26 años y cinco años para otro más acusado de ser cómplice en los hechos que están pendientes de fecha de juicio a celebrar en la Audiencia Provincial de Cádiz.

Fue el 2 de juio de 2008 cuando Rafael Ávila fue secuestrado. Se dirigía a recoger su vehículo al salir de su trabajo, siendo asaltado por al menos tres personas. Una de ellas le agarró por la espalda y le obligó a introducirse en una furgoneta blanca sin ventanas. Los investigadores no disponían de ningún otro dato sobre este vehículo. Lo único que se supo en ese momento es que se dirigió hacia la salida de Sanlúcar de Barrameda.

Un día más tarde, sus familiares comunicaron su desaparición en extrañas circunstancias. Además, habían recibido varias llamadas solicitando un rescate de diez millones de euros, por lo que se activó el protocolo nacional de secuestros. El equipo de negociadores de Sevilla y especialistas del Grupo de Secuestros y Extorsiones se hicieron cargo de las investigaciones.

Las primeras indagaciones resultaron especialmente difíciles ya que los secuestradores dejaron de contactar con la familia e incluso se dudó de que la víctima permaneciese con vida. Después de una semana, se comenzó de nuevo a recibir llamadas y otras muestras de que Rafael se encontraba bien. La cantidad exigida por su liberación se fijó finalmente en dos millones de euros.

Los agentes lograron determinar que las llamadas se realizaban desde Madrid y, después de complejas investigaciones, se estrechó el cerco. La madrugada del 18 de junio, los Geos reventaban la puerta del garaje en el que permanecía Ávila encadenado a la pared, sobre un maloliente colchón.