"Solo defendimos un servicio público como es el transporte"
Los cuatro delegados imputados por la querella de la anterior concesionaria de buses urbanos de Jerez justifican la ruptura del contrato en los incumplimientos y las carencias del servicio
En la mañana de ayer declararon en el Juzgado de Instrucción número cuatro de la ciudad los cuatro delegados del gobierno local que han sido imputados en una querella interpuesta por la empresa Urbanos Amarillos, que hasta el pasado año tenía en concesión el transporte urbano de la ciudad, cuyo contrato se dio por finalizado por las carencias del servicio y por el incumplimiento de las condiciones del servicio. Los representantes municipales incluidos en las diligencias -Antonio Saldaña, Javier Durá, Enrique Espinosa y Agustín Muñoz- coincidieron en defender la medida adoptada alegando que la compañía no estaba en disposición de garantizar una prestación del servicio acorde con lo exigido, de ahí que, tras culminar el tiempo máximo de secuestro de la concesión, se optara por la rescisión del contrato. Lo resumió en una frase el edil de Movilidad antes de entrar a declarar: "Lo hicimos para defender un servicio público como es el transporte urbano".
Tras declarar ante el titular del Juzgado, Antonio Saldaña señaló: "Lo hicimos por el bien de la ciudad y del servicio; no quisimos perjudicar a ninguna empresa". Entre los motivos que esgrime la compañía en su demanda es que no está ajustada a derecho la finalización unilateral del contrato, el perjuicio económico que le ha supuesto no seguir con el servicio así como de las consecuencias que conllevó para sus finanzas los retrasos en el pago del canon que le correspondía. Asimismo, le denuncia por utilizar los autobuses que adquirió para prestar el servicio. Los delitos por los que han sido denunciados tanto los responsables municipales como los responsables técnicos del Ayuntamiento responsables de este servicio son los de prevaricación, apropiación indebida, administración desleal y estafa.
En la denuncia, la compañía, según lo apuntado ayer por el primer teniente de Alcaldía, alega que el Ayuntamiento "ocultó" su complicada situación financiera ya que, de haberlo sabido, no hubiera procedido a la firma del contrato en noviembre de 2010. Esta afirmación fue rebatida por Saldaña afirmando que los problemas del Ayuntamiento eran notorios y públicamente conocidos. Además, advirtió que el contrato con Urbanos Amarillos se suscribió cuando al frente del Ayuntamiento estaba el PSOE, de ahí que declarara que los ediles imputados, en ningún caso, pudieron ocultar esa información y participar en el proceso de adjudicación del servicio.
Por ello, volvió a señalar que la querella tiene como objetivo "presionar" al gobierno local para conseguir un acuerdo favorable a sus intereses dado que se lleva meses negociando la liquidación del contrato. Urbanos Amarillos, según lo apuntado por el Ayuntamiento, exige unos 10 millones de euros mientras que el Consistorio sostiene que solo tiene derecho a percibir poco más de millón y medio de euros tras darse por finiquitada la concesión. "Se le liquidará lo justo y lo razonable", advirtió Saldaña.
Asimismo, negó que hubiera un intento de perjudicar a la firma al retrasarse en los pagos reiterando que no se podían abonar las facturas no solo de esta sino de todas las concesionarias por los problemas de liquidez que arrastraba el Ayuntamiento. "Se iba pagando según la disponibilidad de la Tesorería", agregó.
Incluso, el portavoz municipal señaló tras declarar que la empresa ha presentado esta querella para "justificarse" ante la presunta presión a la que le estaría sometiendo "un avalista". La empresa Servicios Urbanos Amarillos SLU, domiciliada en Dos Hermanas, se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado mes de octubre. Antes de declarar, el portavoz municipal señaló que el equipo de gobierno se está planteando la posibilidad de estudiar medidas legales por daños al honor de los imputados en el caso de que se archive la causa .
Las declaraciones continuarán hoy y mañana con la comparecencia de los técnicos encargados de la supervisión de este servicio pública así como de algunos representantes sindicales de la plantilla adscrita al transporte público. Este medio intentó hablar con los abogados de Urbanos Amarillos, sin éxito.
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