Pelayo cancela los acuerdos con Diputación y recupera la liquidez

"No es la solución definitiva pero sí es un paso de gigante que marca un antes y un después en la gestión municipal". Sin reproches al pasado y con suma prudencia en su alocución, la alcaldesa, María José García-Pelayo, anunció ayer, en medio de una enorme expectación, la ruptura del convenio de recaudación con la Diputación de Cádiz. Una muerte anunciada y un golpe de timón 'in extremis' para un Consistorio colapsado y a la deriva cual Costa Concordia. En cambio, la anulación del acuerdo, rubricado hace ahora cuatro años y al que restaban otros doce meses de vigencia, permitirá devolver la gestión de los impuestos y tasas a Jereyssa, la agencia tributaria local, y recuperar oxígeno y músculo financiero para un año en el que "no teníamos absolutamente nada desde el día 1".

Esta importante decisión, negociada desde hace semanas con la institución provincial, conlleva recuperar la autonomía financiera del Consistorio jerezano y, sobre todo, poner punto y final a las órdenes irrevocables de pago (tomas de razón) que se habían pactado por el anterior equipo de gobierno socialista, principalmente, con la banca y Urbaser, la concesionaria de la limpieza viaria y la recogida de basura. El impacto inmediato de la decisión será que los trabajadores, incluidos los de las concesionarias, podrán cobrar todos los atrasos "de golpe" en un plazo aproximado de diez días, según anticipó ayer la propia García-Pelayo en una rueda de prensa en la que compareció junto a sus hombres fuertes del gobierno local, Antonio Saldaña, Enrique Espinosa y Javier Durá, y que estuvo atestada por la presencia in situ de numerosos representantes sindicales.

Para lograr todo lo anterior, se ha optado por la decisión salomónica de desligarse unilateralmente de los asfixiantes acuerdos de pago que, en la práctica, habían dejado comprometidos al 100% los ingresos que el Ayuntamiento esperaba recaudar en el presente año y en una media de un 75% los de los ejercicios venideros hasta el horizonte de 2022. La anulación del convenio, y por ende de las tomas de razón, se hará oficial en un pleno extraordinario y urgente convocado para hoy a las nueve de la mañana, lo que significará desde ese momento contar con una previsión de alrededor de 75 millones de euros en ingresos para este año -éste fue al menos el dato de la liquidación de 2011- que servirán para afrontar los pagos inaplazables y prioritarios de la nómina municipal, transferencias a las pedanías, las sentencias judiciales, y cumplir con los calendarios de pagos que se establezcan con las concesionarias que prestan servicios públicos esenciales, así como con el resto de acreedores del Consistorio, incluidos los bancos y cajas.

"El Ayuntamiento no va a dejar de pagar a nadie, pero ahora seremos nosotros los que decidiremos cómo y cuándo, a quién y en qué cuantía, vamos a pagar mediante un plan de tesorería consensuado", expresó la regidora jerezana, quien mantuvo con firmeza que "vamos a afrontar los pagos como decidamos que se deben de hacer, y, en este caso, tenemos una obligación por Ley y como gobierno que es pagar a la plantilla municipal la primera". Al margen del personal municipal y en alusión a las concesionarias, Pelayo volvió a sostener que "no podemos pasar de no pagar a nadie a pagar el 100% a todo el mundo, pero sí tendrán recursos suficientes para al menos afrontar las nóminas de su personal durante este año y mientras vayamos recuperando más liquidez en adelante".

Consciente de los riesgos de una decisión de tanto calado y con tantas partes afectadas, Pelayo admitió que la ruptura de los acuerdos puede acarrear "efectos colaterales" con las entidades financieras, no así con Urbaser con quien aseguró que "no habrá problemas". Sin embargo, contrapuso, "tenemos muy claro que a las entidades financieras se les puede decir que ya le haremos un calendario de pagos, pero a las familias no". En este sentido, fue rotunda al admitir que "a la hora de elegir, hemos elegido a las familias y a los trabajadores afectados, a quienes pedimos disculpas y a quienes les decimos que entendemos las movilizaciones que hayan hecho o vayan a hacer porque esta es una situación límite".

Una vez que tenga lugar el pleno de hoy, el paso inmediato será celebrar una posterior junta de gobierno local extraordinaria en la que se aprobará el inicio del expediente de contratación de una entidad financiera que será la encargada de gestionar los cobros de los impuestos y tasas que vuelva a recaudar Jereyssa. El objetivo último de esta operación, detalló la máxima responsable municipal, es que la entidad financiera que se haga cargo de estos cobros pueda, a su vez, anticipar mes a mes a las arcas municipales los ingresos que se prevén para este año, lo que supone una inyección de liquidez de una media de 6,5 millones de euros mensuales. Una cantidad, según Pelayo, que "nos dará para sobrevivir, puesto que para vivir necesitaríamos al menos 10 millones, pero ahora mismo aspiramos a sobrevivir".