Empleadas de hogar internas viven "casi en régimen de esclavitud"

Trabajan de sol a sol, de lunes a domingo, cobrando un salario mínimo, encerradas en casas donde el dinero nunca fue un problema, sin derechos laborales ni a una vida privada. A menudo son víctimas de malos tratos verbales que, a veces, se convierten en violencia física e incluso en abusos sexuales. Otras , ni siquiera les pagan, después de haber sido humilladas. Sin embargo, nunca denuncian ante la Policía. Tienen miedo a ser expulsadas del país al que tanto trabajo les costó llegar. Son mujeres extranjeras en situación irregular, la mayoría de origen sudamericano que viven en "buenas casas" de El Puerto, Cádiz, Chiclana o San Roque "condenadas a un régimen laboral y de vida de semiesclavitud", según denunció ayer la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha). Algunas de estas situaciones han llegado a ser tan alarmantes que miembros del colectivo se han visto obligados a intervenir directamente.

A este riesgo estarían potencialmente expuestas más de un millar de mujeres, si se tiene en cuenta que los datos derivan de las 2.782 personas atendidas en la Bahía de Cádiz por la Apdha durante los dos últimos años. De ellas, el 70% son inmigrantes en situación irregular, de los cuales, el 60%, son mujeres que trabajan en el servicio doméstico y al cuidado de mayores y enfermos. Salvo excepciones, asumen en solitario las cargas familiares en el país de procedencia y en el de destino. Este es uno de los rasgos del perfil mayoritario del inmigrante en la provincia de Cádiz que se desprende del Informe sobre la inmigración y los Derechos Humanos en Cádiz que presentaron ayer Rafael Lara y Diego Boza.

Más del 86% de las mujeres y los hombres atendidos por el colectivo tienen entre 18 y 45 años y llevan residiendo en la provincia más de cinco años. Lejos del tópico, mantienen una situación socio-familiar arraigada y estable en la primera provincia andaluza en porcentaje de sin papeles, con casi un 31% del total. Una cifra muy alta si se tiene en cuenta que en territorio gaditano sólo viven unos 15.000 inmigrantes, en el sentido sociológico del término.

Por eso, la Apdha considera más graves los "muros" que, a su juicio, impone la "hiperestricta" aplicación de la Ley de Extranjería que hace la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, "donde los trámites de una autorización de residencia se pueden demorar hasta seis meses, incluso para padres de niños españoles, cuando en Jaén, por ejemplo, sólo tardan un mes", dijo Diego Boza. Otro dato: los permisos de trabajo por cuenta propia se redujeron a 140.

Todo esto sucede cuando continúan llegando pateras a las costas andaluzas. La Apdha calcula que han sido unas 3.800 personas las que desembarcaron en lo que va de año en la comunidad autónoma, 980 de ellas en las costas gaditanas. Otras 471 perdieron la vida en el intento de llegar a España, quince de ellas en alguna playa de Cádiz, lo que supone un repunte tras la caída que sucedió a la tragedia de la patera de Rota en octubre de 2003.

Muchos de los supervivientes ingresan en los Centros de Internamiento de Inmigrantes de Algeciras y Tarifa, "lugares donde no se respetan ni física ni jurídicamente los derechos fundamentales de las personas y donde se violan de manera constante", dijo Diego Boza. Por enésima vez, la Apdha reclamó su cierre de manera urgente.