El Consorcio se aferrará al tren de la Cabezuela para legalizar las Aletas

Los errores en Las Aletas son "subsanables". Éste es el mensaje de confianza que la Administración ha trasladado inequívocamente y que ayer reiteró el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula la reserva de terreno que se hizo hace dos años y medio para desarrollar el proyecto del polígono de la Bahía. Para restablecer la legalidad, el Estado y la Junta han decidido, en primer lugar, mantener la misma fórmula jurídica que hasta ahora, es decir, la reserva demanial de las 287 hectáreas de dominio público marítimo-terrestre y desechar otras alternativas como la desafectación de este terreno perteneciente a Costas o, incluso, desarrollar sólo las 120 hectáreas restantes expropiadas a particulares, patrimonio de la Junta y que, por lo tanto, no se ven afectadas por el fallo judicial, según explicó ayer el vicepresidente del Consorcio y consejero de Empleo, Antonio Fernández.

La razón de continuar en la misma línea de trabajo es que la Abogacía del Estado considera que el fallo judicial no establece la nulidad de la figura elegida, sino que invalida el procedimiento que se siguió en el suelo de Puerto Real. "Nadie ha cuestionado la reserva, no se establece que no haya legitimidad para aplicarla, sino que se ponen unas condiciones, que no son tan grandiosas como alguno quiere ver". Y éstas son básicamente cuatro que no se especificaron ni justificaron suficientemente en la primera redacción aprobada por el Consejo de Ministros del 27 de abril de 2007: ausencia de emplazamiento alternativo en la zona, finalidad, usos específicos y límite temporal.

Conociendo la Bahía y su endémica falta de suelo, la primera se puede justificar aparentemente con facilidad, pero, además, la Junta va a vincular fuertemente el proyecto al ramal ferroviario del muelle de la Cabezuela y a la estación intermodal que se creará junto al apeadero de Las Aletas. Esta infraestructura permitirá unir tres tráficos (carretera, tren y mar) y es la clave que da sentido al parque empresarial y a su ubicación, ya que en ningún otro punto de la Bahía sería posible generar esta confluencia de medios de transporte.

El segundo y tercer puntos, la finalidad y usos, están relacionados con el emplazamiento porque el nuevo polígono pretende recuperar la industria en la Bahía y tendrá dos actividades preferentes en los terrenos afectados por la reserva: la logística y la energía. "Las empresas logísticas, que aprovecharán la conexión intermodal, tienen un efecto muy suave en el terreno porque no realizan una actividad productiva como tal, sino de almacenamiento y exportación", explicó Fernández. Respecto al área energética, el consejero avanzó que el Consorcio apostará por la industria fotovoltaica y por el cultivo y la investigación con algas marinas, "que no se puede desarrollar en ningún otro sitio". El resto de actividades, "la parte más dura" -en alusión a su mayor impacto ambiental-, se ubicará en las 120 hectáreas propiedad de la Junta, fuera del dominio público.

Finalmente, la delimitación temporal de la reserva, que el consejero considera "cuestionable", se realizará por un periodo muy amplio que se fijará también en la nueva reserva demanial. Fernández espera que el Consejo de Ministros lo apruebe "en una fecha razonable" y propicie un nuevo acuerdo antes de final de año. Mientras tanto, el Consorcio ha decidido paralizar por completo las obras "para evitar entrar en un nuevo debate jurídico" y la Junta ha aplazado el nombramiento del gerente que debía acompañar a la nueva consejera delegada, Carmen Rodríguez Ares -designada por el Estado-.