Los dos letrados de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) que acompañaron a Rafael Ricardi en la rueda de prensa que ofreció, la abogada que asumió su caso en abril, al anunciar la Policía su inocencia, Antonia Alba, y Juan Domingo Valderrama, se mostraron muy críticos con todo el "cúmulo de despropósitos" que condujeron al portuense a prisión y también con los que lo han mantenido entre rejas. "Éste es un caso muy desgraciado que a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad le pone los vellos de punta", dijo Valderrama. A su juicio, el error "ha sido grave", pero también han sido "graves" las declaraciones de los estamentos implicados "que lo que intentan es tirar la pelota". "No admitir que se ha cometido un error al no pedir disculpas hace que la justicia se aleje de su principio de humanidad. Hay que lamentar y mucho que no se le hayan pedido disculpas", enfatizó. También Valderrama consideró que el caso de Ricardi es una muestra más "de un sistema anquilosado y poco garantista. Se nos quiere plantear como un caso excepcional, Pero hay muchos factores que no lo hacen excepcional". Y arremetió contra un sistema "que obliga al preso a asumir el delito para acogerse a los beneficios penitenciarios". Por eso, reclamaron urgentes cambios y también en la Ley de Enjuiciamiento. Y una vez más, denunciaron que hace 8 años que se pudo revisar el caso, cuando un informe descartó que fuera de Ricardi el ADN hallado en la violación. "No se ha hecho nada hasta que no han dado con los dos culpables", se quejaron. Por ello pedirán que se depuren responsabilidades. También reclamaron medios para Ricardi, mientras el Supremo anula la condena para poder reclamar indemnización. Al entrar en la cárcel, se le retiró la pensión que cobraba por la lesión que le dejó un accidente de moto de joven. Se la están reclamando. En principio, sólo contará con el "paro carcelario", menos de 500 euros al mes un año que se da los condenados. Pero él es inocente.