EL precio que el prófugo Carles Puigdemont marcó el pasado martes en Bruselas para permitir una investidura en esta XV Legislatura es inaceptable. El contenido y las formas conforman un desafío equiparable en gravedad democrática a los actos delictivos que cometió en el otoño de 2017 y que motivaron que, en un acto de cobardía absoluta, huyese de España dentro del maletero de un coche para eludir la acción de la Justicia. Elusión que continúa a día de hoy, porque el Supremo mantiene una orden de detención en toda España.

El ex presidente catalán planteó un chantaje en toda regla: “O se pacta con nosotros o se repiten elecciones”, dijo. Y ese pacto incluye como condición previa a negociar la investidura una “amnistía completa” y, una vez lograda, y cuando se negocie, plantear en “una segunda fase” que Cataluña ejerza la “autodeterminación”. Todo ello pasando por una “legitimación del independentismo” y del propio referéndum ilegal del primero de octubre y por la imposición de un relator que verifique el cumplimiento de los acuerdos que se alcancen.

Exactamente eso es lo que planteó, por más que los corifeos políticos y mediáticos afines al Gobierno en funciones se aprestaran a dar una visión edulcorada: se conforma con la amnistía y no pone como línea roja el referéndum, dijeron.

Más allá de que puedan autoengañarse y tratar de engatusar a la ciudadanía, ni una cosa ni otra son posibles en el “marco constitucional”, que sostienen, ufanos, que “siempre” respetarán. La Constitución prohíbe los indultos generales. Y las consultas que prevé el artículo 92 han de convocarse entre “todos los ciudadanos”.

La ejecución política de Pedro Sánchez hace temer que cederá, aunque por el camino también intente embaucar al propio Puigdemont. Es un temor compartido por insignes socialistas: Felipe González, Alfonso Guerra o Ramón Jáuregui, entre otros sólo en esta semana.

Ceder al chantaje planteado por Puigdemont es regalarle al independentismo catalán lo que no consiguió con su golpe a la Constitución en 2017.

Conceder una amnistía, incluso aunque se travista de cualquier alivio penal, es admitir que España no es un estado de Derecho y que la acción penal resultante de los actos delictivos del independentismo fue injusta: un dislate.

Si a eso se le acaba sumando cualquier artificio jurídico para satisfacer su demanda de un derecho de autodeterminación que la Carta Magna no consagra, será reformar por la gatera el artículo 2 de la Constitución, del que sí emana la Autonomía pero también y rotundamente la indisoluble unidad nacional.