Terminó. Nueve días de conflicto social. Nueve días de violencia sin justificación. Nueve días señalando a Cádiz, y con ella a Andalucía, como un territorio es el que se monta una guerrilla urbana, narrada en directo en las pantallas de televisión e internet, por una negociación enquistada de un convenio colectivo, que además es de los más ventajosos del país en su sector. Es decir, por una revisión salarial.

De hecho, el acuerdo se alcanzó anteayer, tras diez horas de negociación ininterrumpida en Sevilla, cuando se pactó un incremento de un 2% fijo durante tres años, con un incremento del 80% de lo que supere el propio IPC sobre esos dos puntos cuando se conozca en enero la inflación anual.

Es cierto que la industria es un sector importante. Ojalá lo fuese más en Andalucía, porque es la principal carencia de nuestro tejido productivo. Pero un desencuentro con la patronal sectorial por la revisión salarial con apenas once meses de prórroga (hay sectores que llevan años con los sueldos congelados) no justifica una protesta como la vivida en Cádiz, Puerto Real o San Roque. Y mucho menos que esa virulencia se dé desde el minuto uno en el que se ejerce el legítimo derecho a la huelga.

El conflicto acaecido en Cádiz este noviembre nada tiene que ver con los vividos en la década de los 80 por los que peinamos canas (aunque algunos fuésemos niños). No había una reconversión salvaje de un sector que se veía brutalmente reducido. Ni siquiera se perdía un solo puesto de trabajo. El desafuero es absoluto. Este desencuentro sólo podía resolverse donde se hizo: en la mesa de negociación. Y era innecesario causar la tensión creada por la violencia, que tiene unos responsables directos: los sindicatos.

Por si el desatino no fuese ya importante, la política intervino, como tantas veces, para agravarlo, intentando socializarlo y, con falsos argumentos, ideologizar lo que era una mera reclamación de una salario más acorde a la elevación del coste de la vida. El alcalde de la capital, megáfono en mano, afirmando "hemos tenido que quemar Cádiz para que nos hagan caso en Madrid" ilustra suficientemente el daño causado. Y la polémica sobre el uso de la vehículo blindado para poder despejar las barricadas da el nivel de la política nacional y lo preso que está el PSOE de Podemos en el Gobierno.

Hemos vivido una huelga del metal, pero deberíamos haberla llamado huelga de plomo, porque lo único que ha conseguido es lastrar aún más las expectativas de prosperar económicamente en un territorio que necesita imperiosamente empleo. Ergo, inversión. Y quemar literalmente las dos bahías si acaso logra algo es ahuyentar al inversor. Pero alguno pensará que el plomo ya le vale para irse a pescar los lunes al sol.