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La defensa de Koldo solicita someterle al polígrafo y el Supremo rechaza su petición de apartar al tribunal

Los magistrados descartan su recusación por "contemporánea" y el ex asesor reclama un careo con Aldama en la vista preliminar por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

Cerdán pide intervenir en la audiencia previa del juicio a Ábalos y Koldo García

El ex ministro Jose Luis Ábalos (4º izq.) y el empresario Víctor de Aldama (izq.), durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo. / J. J. Guillén (Efe)
Agencias

Madrid, 12 de febrero 2026 - 12:00

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha pedido este jueves en el Tribunal Supremo que se someta al acusado a la prueba del polígrafo de cara a la vista oral así como apartar a los magistrados que juzgarán al ex ministro José Luis Ábalos y a su ex asesor, una petición que ha sido rechazada por el propio tribunal por "extemporánea". En su intervención en la vista preliminar al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia, la letrada también ha pedido al tribunal que acuerde un careo entre Koldo García y el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama.

La representación de Koldo ha pedido apartar del tribunal que juzgará a Koldo, Ábalos y Aldama a los magistrados Andrés Martínez Arrieta, que preside el tribunal, Manuel Marchena, Eduardo de Porres, Andrés Palomo y Julián Sánchez Melgar.

En el caso de Melgar, en concreto, la abogada ha explicado que por haber sido fiscal general del Estado a propuesta del PP. "Entiende esta parte que tiene una manifiesta afinidad con una de las partes del proceso, el PP, que ejerce la portavocía de la acusación popular", ha señalado. En cuanto al resto de magistrados, la letrada ha indicado que resolvieron sobre cuestiones relativas a la causa al formar parte de la Sala de Admisión.

Cabe recordar que los miembros del tribunal que se encargarán de la vista oral serán el presidente de la Sala Segunda, Martínez Arrieta, y los magistrados Sánchez Melgar, Marchena, Palomo, De Porres, Susana Polo y Javier Hernández.

El presidente del tribunal ha rechazado su pretensión señalando que la ley señala un plazo formal de 10 días para formular la recusación. "Como usted sabe, el 14 de enero de 2026 se comunicó la composición de la Sala. La recusación que ha formulado ha sido de forma extemporánea", ha explicado.

Las acusaciones se oponen

A la petición de la letrada de Koldo se ha sumado la defensa de Ábalos, mientras que el resto de partes -la Fiscalía, las acusaciones populares lideradas por el PP y Aldama-, se han opuesto. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha subrayado que es una solicitud extemporánea porque la composición de la sala se conoce "desde hace tiempo" y no concurren, ha dicho, ninguna causa de recusación.

Anticorrupción también ha apostado por ofrecer acciones a las empresas públicas Ineco y Tragsatec "en la medida en que puedan considerarse perjudicadas" por la contratación supuestamente irregular de mujeres vinculadas a Ábalos.

En este sentido, Luzón ha recordado que la Fiscalía solicita que se indemnice a ambas empresas por el "perjuicio" que se les habría causado y ha interesado que puedan intervenir en el procedimiento "adhiriéndose a los escritos de acusación, bien de la acusación popular, bien del Ministerio Fiscal".

Enviar la causa a la Audiencia Nacional

La representación de García también se ha centrado en pedir que la causa se envíe a la Audiencia Nacional, donde Koldo está "siendo investigado por los mismos delitos y el mismo periodo". "O se le juzga allí o se le juzga aquí", ha insistido, criticando que se haya vulnerado, a su juicio, el "principio al juez predeterminado por la ley".

Desde su punto de vista, se trata de una "cuestión de tal importancia" que debería ser resuelta con carácter previo, lo que llevaría -de enviarse la causa a la AN- a que "el juicio ya no sería inmediato". "El riesgo de fuga desaparecería y solicito la inmediata puesta en libertad (de Koldo)", ha apostillado.

En el mismo sentido, la letrada ha pedido igualmente que se plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, alegando que se están vulnerando los derechos de Koldo al privársele, si le juzga el Supremo, de la doble instancia penal y no poder recurrir si es condenado, ya que la sentencia sería firme.

"Se genera una situación de desigualdad procesal", ha sostenido, para explicar que ella también ejerce como abogada de la expareja y del hermano de Koldo, investigados en la Audiencia Nacional, que sí tendrían posibilidad de recurrir a una instancia superior. Dicho eso, ha avisado de que podría acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

Ha criticado, además, que no se haya efectuado la devolución de sus dispositivos. "Es una causa de nulidad como un castillo de grande", ha afirmado.

Por otro lado, ha invocado la presunta indefensión a la que se ha sometido a Koldo "por ruptura de la continencia de la causa", al no haber tenido "acceso a nada" de lo que se ha aportado en la Audiencia Nacional, donde también se investigan estos hechos.

Además, la defensa de Koldo ha abogado por que el juicio tendría que celebrarse con jurado popular ante los delitos que se atribuyen a los acusados, una petición que ya hizo Ábalos y que el tribunal desestimó.

En prisión desde noviembre

Esta audiencia preliminar es una vista que viene recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), cuyo artículo 785 establece que se "requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor".

Ábalos y Koldo, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, están siguiendo la misma de forma presencial, aunque solo intervienen en la misma sus abogados, que vienen defendiendo que son inocentes y reclaman su libertad.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, que es una petición inferior por haber reconocido los delitos de los que se le acusa.

Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el Ábalos y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

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