ALBERTO Ruiz-Gallardón ha sido el primer ministro del Gobierno de Rajoy que presenta su dimisión por voluntad propia. Una dimisión total: abandona el Ministerio, pero también el escaño de diputado y su puesto en el comité ejecutivo del Partido Popular. Supone, pues, su retirada completa de la política, una actividad que le ha ocupado intensamente treinta años de su vida y en la que ha sido, cargos orgánicos aparte, alcalde y presidente de la Comunidad de Madrid, además de ministro, aunque las circunstancias le han impedido continuar persiguiendo su confesada ambición de presidir el Gobierno de España. En todos estos puestos ha protagonizado amagos de dimisión cuando estimaba que no le reconocían suficientemente sus méritos, y también amenazó con marcharse tras constatar que el proyecto de ley sobre el aborto que le había encomendado elaborar Mariano Rajoy -en cumplimiento de una promesa electoral y en coherencia con el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional contra la vigente ley de plazos- no terminaba de abrirse paso por el rechazo que despertaba en la oposición política y las organizaciones feministas y, sobre todo, por las discrepancias suscitadas en el seno del PP, incluyendo algunos ministros y dirigentes territoriales de peso. Él mismo se puso un plazo (el final del verano) para despejar la incertidumbre, pero ayer mismo, justo con el cambio de estación, recibió el mazazo final: el propio presidente del Gobierno anunciaba formalmente la retirada del anteproyecto de ley redactado por Gallardón, a la espera de un improbable consenso, y solamente apuntaba que impulsará un solo cambio en la ley vigente, concretamente en el apartado que permite a las menores embarazadas abortar sin consentimiento paterno. Es una concesión menor a la iniciativa del ministro de Justicia, cuyo proyecto revisaba completamente la ley del aborto de la época de Zapatero, volviendo a la legislación de supuestos, aunque restrictivamente, y contemplando el aborto como un mal, admisible en algunos casos bien precisos, y no como un derecho de la mujer. Pero Gallardón había cumplido rigurosamente el encargo que le hizo Rajoy y la marcha atrás de éste, sustentada en un estado de la opinión pública mayoritariamente favorable a la continuidad de la ley de plazos, no le ha dejado otra salida que la dimisión. Se va definitivamente en un último acto de coherencia y sin haber realizado una labor estimable al frente de Justicia, donde la práctica totalidad de sus proyectos reformistas no han salido adelante y se encuentran empantanados en el Congreso o mediatizados por los órganos consultivos pertinentes. Gallardón no ha podido aplicar el programa del PP.