Un Juzgado de El Puerto revoca el archivo del caso de las atracciones de Valdelagrana

El Ayuntamiento de El Puerto ha recibido un escrito del Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad mediante se informa de la continuación de las diligencias sobre el caso de las atracciones sin licencia municipal instaladas en Valdelagrana en el verano de 2020.

El Juzgado decide así reabrir el caso y revocar el sobreseimiento provisional de la causa, que se había producido en un primer momento en 2022, por el excesivo de tiempo transcurrido sin que se terminaran las labores de investigación.

Mediante un auto fechado el pasado 3 de junio el titular del Juzgado número 5 deja en suspenso el último sobreseimiento, de abril de 2024, y ordena practicar las diligencias necesarias "a fin de determinar la participación y averiguar los partícipes en los hechos investigados".

De esta forma, "se revoca el auto de 2 de abril de 2024, pues como indican la acusación particular y el Ministerio Fiscal se deben practicar la declaración del denunciante, ofrecimiento y de investigados, con carácter previo a la adopción de la resolución procedente". Respecto de los investigados, se debe oficial al Ayuntamiento de El Puerto, a efectos de la identificación de las personas que autorizaron la instalación de atracciones en Valdelagrana en fecha 1 de julio de 2020", establece el auto del juez. Con ello se da por interpuesto el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz.

Un caso archivado en 2022, aún con indicios de delito

Tras la presentación de la primera denuncia por parte de la comunidad Blegamar, en 2022 se archivó el caso y aunque el instructor aclaraba entonces que compartía el parecer de las acusaciones de que los hechos investigados, indiciariamente, revestían "carácter de delito", se acordaba el archivo del procedimiento "por haber transcurrido los plazos máximos de instrucción previstos en el articulo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Fue en agosto de 2021 cuando la comunidad de propietarios Blegamar, que agrupa a un total de 520 viviendas, acudió a los tribunales para presentar una demanda contra el alcalde, Germán Beardo, y varios miembros de su equipo de gobierno por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y delito medioambiental.