Sobre las 22:40 horas de la noche de este viernes, día 24, se ha personado en Valdelagrana la Policía Local para proceder al precinto de las atracciones de feria instaladas en la zona de aparcamiento situada entre las comunidades de propietarios de Blegamar y Vigalpe, formada por unos 1.000 viviendas. La actuación se realiza después de que la comunidad de propietarios de Blegamar recurriera al Juzgado de Cádiz para pedir la adopción de medidas cautelares para la paralización de la actividad de estas atracciones, por carecer de licencia, instando los vecinos en el requerimiento a que se actuara de manera urgente para salvaguardar derechos fundamentales.    

La concejala de Policía Local, Marina Peris, informó poco antes de la medianoche de que se estaba procediendo al precintando de dichas atracciones ubicadas en Valdelagrana, impidiendo la continuidad del promotor privado "al no estar legitimado para continuar con el ejercicio de la actividad".

Marina Peris ha señalado que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto informó por decreto que una vez los técnicos del área procedieron al estudio pormenorizado de la documentación presentada por el promotor se concluyó que no procedía la apertura por declaración responsable, ya que esta actividad está sometida a una autorización previa, mandatándose la restitución de la legalidad.

El precinto instalada por la Policía Local del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Esta resolución se comunicó directamente a los promotores, indicando que la documentación presentada a través de la declaración responsable "no era suficiente" y que dicha actividad "está sometida a autorización previa; por lo que se trasladó el expediente al Servicio de Disciplina Urbanística; indicando expresamente que debía restituir la situación jurídica al momento previo a la declaración responsable", según se apunta en una nota remitida por el gabinete de prensa municipal.

Marina Peris señala además que "desde el primer momento se indicó que el Ayuntamiento de El Puerto cumpliría con la ley siempre y así se ha actuado; ya que desde el área de Patrimonio también se ha dictado que se denegaba la autorización de suelo, indicando que lo presentado no se ajustaba a lo instalado, dando diez días de audiencia al promotor antes de dictar la recuperación de oficio de los bienes de dominio público; procediendo conforme a la legalidad".

Marina Peris concluye que una vez rechazada la declaración responsable y habiéndose denegado la ocupación del suelo "se ha actuado al no estar de manera legal"; criticando "la politización que ha habido de una iniciativa privada" y dejando patente que la Administración "actúa conforme a la legalidad y seguridad jurídica de todas las partes".